Sobre el suicidio asistido: la necropolítica del liberalismo

El «individualismo posesivo» que exalta la libertad de los individuos acaba situándonos ante un «darwinismo social» que se deshace de quienes son débiles e incapaces.

Bien hizo Marx en denunciar que las mercancías, puesto que son fetichizadas, encubren las relaciones sociales entre personas. Bien haremos nosotros en denunciar que el discurso formal de los derechos actúa como una abstracción similar; y al igual que las mercancías, pueden ocultar la realidad concreta de los seres humanos.

Detalle de El ángel caído (1847) - Alexandre Cabanel

Durante el pasado mes de marzo, los comentarios al respecto de la eutanasia de Noelia Castillo fueron recurrentes. Se podían subir los índices de audiencia removiendo la infeliz vida de esta chica. Así decía el faldón televisivo: «Exclusiva. La entrevista de Noelia a 24 horas de su eutanasia» (Antena 3, 26/03/2026). Sin embargo, cierto es que por fuera de los medios dominantes no necesariamente resultaba sensacionalismo lo expresado. Internet aún nos permite encontrar, si sabemos a dónde buscar, esas reflexiones interesantes que en otro tiempo se encontraban en las secciones de opinión de los periódicos.

Desde este mismo espacio, por ejemplo, David Souto Alcalde situaba el «derecho a la eutanasia» como parte de la «industria de la muerte» que aprovecha el fallecimiento de formas diversas. Souto Alcalde lo atribuye a «una moral protestante […] aniquiladora de comunidades humanas» [Brownstone España, 02/04/2026]. Ahora bien, si la cosmovisión protestante fue, como sostiene el conocido postulado weberiano, el impulso que necesitó el capitalismo para imponerse, quizá sea la cosmovisión liberal, secularización de la otrora ética protestante, la fuerza que sostiene a un capitalismo ya consolidado. Será entonces más adecuado examinar el liberalismo, actualización profana del protestantismo, para comprender las lógicas necropolíticas que contribuyen a desmembrar las comunidades humanas.

El planteamiento se inicia mediante la siguiente apreciación. La defensa de la eutanasia activa se realiza, casi por necesidad ideológica, mediante una concepción de libertad o autonomía basada en la autopropiedad o propiedad de uno mismo. Aunque esta concepción de libertad se fundamenta en la idea de no interferencia sobre el individuo, pretende consagrarse como un derecho que implica obligaciones por parte de los poderes públicos: el derecho a recibir la prestación de ayuda para morir. El Estado debe disponer de unos medios legislativos, judiciales y ejecutivos de dominio público si pretende garantizar la eutanasia como derecho. Por consiguiente, la eutanasia acaba asumiendo una dimensión pública que contradice la apelación a una decisión personal, que incumbe únicamente al interesado, con que inicialmente se legitima.

De cuanto ya ha sido expresado se entiende que si un derecho, cualquiera que sea, está atravesado por aspectos políticos y por consideraciones morales, no tiene sentido afirmar que la eutanasia es un derecho que responde a un asunto cuya incumbencia es exclusiva de la persona que lo solicita. Diremos, entonces, que el ámbito de los derechos pertenece al conjunto de la sociedad, por lo que ningún derecho puede fundamentarse en la voluntad irrestricta de un individuo particular. Tal es el sinsentido. Y la columna de la periodista Luz Sánchez-Mellado [El País, 26/03/2026] es reveladora de esta incoherencia: después de exponer lo muy infeliz que ha sido la vida de Noelia, afirma Sánchez-Mellado que «la vida es solo una, y de uno, y acabar con ella es un derecho personalísimo».

Con respecto a la anterior afirmación, estamos de acuerdo en el primero de los asertos: la vida es sólo una. Sin embargo, mucho más discutible es lo que sigue: que la vida sólo sea de uno mismo, y que de eso se deduzca un derecho personalísimo a matarse. Aquí, para empezar, se debe aclarar una distinción que, aunque pareciera irrelevante, cuenta con significativas resonancias: que la vida sea de uno no es lo mismo que uno sea su vida. Mientras que el segundo es un enunciado evidente por sí mismo, el primero sólo puede sostenerse mediante un presupuesto ampliamente discutible: que el individuo es propietario de sí mismo.

Sobre un iusnaturalismo moderno se desarrolla esta última concepción del ser humano, inicialmente concebida por el liberalismo clásico de Hobbes y Locke, y posteriormente recuperada por el libertarismo de autores como Nozick y Rothbard. Si uno es propietario de su persona, obviamente lo es de su cuerpo; y si uno es propietario de su cuerpo puede eliminarlo siempre que lo considere oportuno. Así pues, la decisión de Noelia Castillo de acabar con su vida no sería sino un corolario de la libertad de la que goza en tanto que propietaria de sí misma. Porque sólo comprendiéndose como propietario de sí mismo es que el individuo puede acceder a su libertad.

El caso es que esa antropología filosófica es absurda. No ya por las inconsistencias que comporta asumir que uno es propietario de uno mismo y no, simplemente, que uno es uno mismo. También porque la forma en que Noelia Castillo muere no depende de sí, no es resultado de una libertad previa a un orden jurídico-político, pues, por el contrario, su muerte está contemplada por un marco legal y en ella participa un organismo público: la eutanasia activa, o suicidio asistido, debe ser aprobada por una Comisión de Garantía y Evaluación adscrita a la consejería de sanidad de cada comunidad autónoma. Detrás de «mi vida es mía y hago con ella lo que quiero» se encuentra la sociedad y, si precisamos más, su concreción política en forma de Estado.

Queda entonces desmentido el «derecho personalísimo» al que, por último, se refería la periodista Sánchez-Mellado. Acabar con la vida de uno mismo no es, ni puede ser, un derecho absoluto que posee la persona de forma exclusiva. Y no sólo porque dependa del Estado la capacidad de garantizar el cumplimiento de los derechos (Noelia Castillo murió por medio de compuestos suministrados por personal sanitario en un hospital público), sino porque en la decisión de practicar la eutanasia opera una potestad discrecional (Noelia Castillo murió tras la previa aprobación de un organismo público). A diferencia del suicidio, la eutanasia activa no involucra únicamente a cada cual, sino que implica un compromiso por parte de los poderes públicos a matarte si así lo consideran.

Ahora arribamos a ver las importantes repercusiones de la eutanasia activa. Así como el Estado decide quien puede acogerse a ese derecho y quien no, el Estado podría incentivar que las personas que se encontrasen en una determinada situación solicitasen susodicho derecho. Bastaría con no ofrecer alternativas reales para que los enfermos o las personas que sufren un determinado malestar recurran a la muerte asistida. No hay motivo por el que negarles a esas personas en situación de dependencia las prestaciones y servicios que necesitan, pues es suficiente con que disminuyan las dotaciones económicas con que se financia la atención sanitaria. Y eso se puede realizar paulatinamente, de forma imperceptible.

El concepto de necropolítica, popularizado por Achille Mbembe, describe situaciones en las que los poderes propician, atendiendo a criterios estrictamente económicos, quienes pueden vivir y, por el contrario, quienes son abocados a la muerte, ya sea de forma directa o a través de condiciones estructurales que predisponen a ello. Tal vez podríamos extrapolar ese concepto a contextos en los que no pensó el autor. De ser así, puesto que existe el riesgo de actualizar las políticas de la muerte por medio de nuevos derechos, será conveniente detenerse en este asunto.

Ante la falta de financiamiento de unos servicios sociales próximos a su saturación, no resultaría descabellado suponer que la asistencia al suicidio por parte del Estado acabe por generar depuraciones del cuerpo social. Se reduciría el volumen de población económicamente improductiva, el sistema social se descargaría y el Estado disminuiría los costes destinados a la población más vulnerable. Siendo entrevistado en la televisión [La Sexta, 1/02/2018], el médico Marcos Gómez Sáncho afirmaba que… «En España hay 120.000 personas que cada año necesitan cuidados paliativos especializados y solamente lo reciben la mitad. No hay unidades de cuidados paliativos porque no se pone dinero. No deben tener excesivo interés las autoridades sanitarias. […] Un país en esas circunstancias cómo va a legalizar una forma de acabar con los enfermos. Atiéndales usted primero».

El «individualismo posesivo» denunciado por Macpherson, propio de un liberalismo que exalta la libertad de los individuos para desvincularse de la sociedad, acaba situándonos ante un «darwinismo social» que, desentendiéndose ya del derecho a la vida, se deshace de quienes son débiles e incapaces. No se está diciendo que el Estado vaya a obligar explícitamente a que alguien muera, pero sí podría propiciar, más por omisión que por acción, que se deteriore aún más la vida de las personas incapacitadas, ya sea por enfermedad física o por trastorno mental. Si el Estado ofrece la muerte como solución a esos problemas, ya deja de tener incentivos para procurar que las vidas de quienes sufren puedan sanar o, por lo menos, se vivan con la mayor dignidad posible.

Tal consideración nos recuerda que los propósitos del liberalismo siempre operan por medio del Estado, pero lo hacen apelando a los individuos. De hecho, el liberalismo invoca la libertad de los individuos, siempre que no agredan a otros, para actuar sin restricciones. Y esa ilusoria autonomía debe adecuarse a lo más profundo que hay en uno mismo, que son sus percepciones. Es por ello por lo que, amparándose en la libertad que otorga ser propietario de sí misma, la persona puede sentirse mujer pese a ser un hombre (y a ello le llamamos trans), puede sentirse otro tipo de animal aun siendo humano (y a ello le llamamos therian), o puede sentir que el sufrimiento psicológico que padece es insoportable (y entonces solicita la eutanasia).

Se observa, pues, que la autonomía del individuo se adecúa a sus sentimientos y experiencias, y éstos acaban siendo modulados por los marcos de sentido que, de acuerdo con los intereses de los poderes privados, promueven los poderes públicos. Así como los «derechos trans» fueron una invención promocionada por determinados poderes para emascular el potencial subversivo de ciertas reivindicaciones sociales, el «derecho a la eutanasia» puede ser una forma, aparentemente compasiva, por medio de la cual esos mismos poderes consigan zafarse de un número cada vez mayor de población imposibilitada y, por consiguiente, improductiva. A fin de cuentas, lo cierto es que el suicidio asistido distorsiona el sentido que históricamente la sociedad le ha conferido al trato que reciben las personas que sufren o son vulnerables.

Ya para ir acabando, bueno sería tener en mente que la consolidación del capitalismo comportó que el derecho de propiedad sobre una cosa se desligara definitivamente del uso sobre esa cosa. Quizá la rotunda consumación de este proceso radica en la idea de que es posible acabar con nuestra vida, renunciar a su uso, precisamente porque es de nuestra propiedad. De igual manera, la consolidación del capitalismo dio lugar a unas leyes supremas o constituciones en las que la propiedad privada buscaba fundamentarse en los derechos humanos. Una trágica consecuencia de todo eso pudiera ser que la eutanasia, amparándose en la propiedad de uno mismo, se exhiba como un derecho que humaniza.

En resumidas cuentas, la secuencia lógica es más o menos la que sigue. Hay un principio consustancial a las corrientes de pensamiento liberales: la propiedad es un derecho natural, y la primera de las propiedades que el individuo posee es su propio cuerpo. A partir de ahí, se despliega un argumentario aparentemente sensato: si la voluntad de un individuo, apelando a factores que alteran su dignidad personal, es deshacerse de su cuerpo, por qué motivo el Estado no debería posibilitarle los medios óptimos para la consecución de ese fin. Ocurre que, incluso si prescindimos de una concepción religiosa o trascendental de la vida humana, advertimos el problema que subyace en todo esto.

Nunca es plenamente autónoma la decisión del individuo para acabar con su vida cuando ese individuo se encuentra en situación de gran sufrimiento y no dispone, a modo de alternativa, de medios para mitigarlo. Se puede decir de la petición de eutanasia que se trata de una decisión sopesada de forma consciente e informada, pero cualquier decisión reposa sobre diferentes opciones susceptibles de ser seleccionadas o descartadas. De manera que la petición de principio del liberalismo, esa que nos dice que el individuo se encontraría facultado para matarse en base a una decisión legitimada por la autopropiedad o plena soberanía de sí mismo, termina chocando con los determinantes socioeconómicos que pudieran posibilitar una alternativa a la muerte.

Ahí está el muro contra el cual acaban colisionando las concepciones idealistas del ser humano. A modo de ejemplo, aún hay pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad que provoca la atrofia muscular pero que deja intactas las capacidades intelectuales) que siguen esperando las ayudas públicas aprobadas hace un par de años. A veces son muy cuantiosos los recursos que se necesitan movilizar para asistir a personas con ciertos problemas o enfermedades. En ausencia de esos recursos el individuo experimenta una presión que le incapacita para decidir con plena autonomía. Por lo que, en circunstancias de presión social o económica, las decisiones al respecto de un asunto implacable e irreversible, como lo es la muerte, serían ilegítimas o cuanto menos insensatas.

Digamos, por consiguiente, que debemos ser capaces de advertir cuando las decisiones tomadas como consecuencia de la desesperación se nos presentan fraudulentamente como resultado de una supuesta libertad, autonomía o, incluso, empoderamiento individual. No se descubre nada al afirmar que por debajo de las decisiones individuales se mueven intenciones, muchas veces imperceptibles, que contribuyen a configurar o a desconfigurar sociedades humanas. Y solamente reconociéndolo es que podremos estar prevenidos de las implicaciones que puede comportar la normalización social de la eutanasia.

Sobre el autor

Genís Plana. Doctor en Filosofía Política, escribe habitualmente en El Viejo Topo. Su último libro publicado es Stakeholder Capitalism: El reinicio del capitalismo (Letras Inquietas).