¿Qué pedirles a los médicos en democracia?

Los ciudadanos deberíamos unirnos a los médicos en huelga a cambio de exigirles reformas para que acaben con la hipermedicalización y nos protejan de los intereses de la industria farmacéutica.

Desde hace un par de meses el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) no para de enviarme mensajes al teléfono móvil para informarme de que tanto yo como mis tres hijos pequeños tenemos una cita (que nunca hemos solicitado) para vacunarnos contra la gripe. Durante el primer mes los mensajes eran pasivo-agresivos y se dirigían a mis hijos como niños (“o neno xxxxx ten unha cita…”) y a mí con un discreto usted (“vostede ten unha cita…”), pero en las últimas semanas su retórica se ha radicalizado y ahora se refieren a nosotros como “doentes”, es decir, como enfermos, usando una palabra en gallego (“doentes”) que tiene una connotación mucho más estigmatizadora que la también galaica “pacientes”. En estos avisos el SERGAS nos declara enfermos, pese a que ningún médico nos haya explorado y a que no tengamos diagnosticada ninguna patología previa que justifique tal denominación, mostrando a las claras que en nuestra democracia la categoría de ciudadano ha sido sustituida por la de enfermo.

El asunto es más serio de lo que parece y va más allá de un mero juego de lenguaje. La democracia española, reconvertida en un sádico y engañoso estado terapéutico, ha pasado de considerar la sanidad y la educación como dos derechos esenciales que deben ser garantizados, a transformarlos en instrumentos masivos de control y explotación ciudadana. El caso de la sanidad clama al cielo. Se ha medicalizado a toda la sociedad con el único fin de que agentes externos (la industria farmacéutica, comisionistas, etc.) extraigan riqueza de las arcas públicas, al mismo tiempo que se ha precarizado el servicio, desatendiendo a la población enferma que necesita asistencia urgente y real. La educación ha experimentado una deriva similar, al reconvertir las antiguas licenciaturas de cinco años en grados de cuatro que exigen un máster habilitante de un año para el que apenas hay plazas públicas, obligando así a la mayor parte de estudiantes (veinteañeros provenientes de familias con pocos recursos) a endeudarse con alguna de las innúmeras universidades privadas rojigualdas de raíz opusina o pesoina (que vienen a ser lo mismo pero con distinto hedor).

No existe, por lo tanto, a día de hoy ni sanidad ni educación pública en España, pues tanto la una como la otra obedecen a intereses privados que saquean la cosa pública a costa de la salud y educación de la mayoría con la connivencia de nuestros políticos.

Entretanto, las huelgas de médicos y los escándalos de desalmada rapiña sanitaria como el del Hospital Universitario de Torrejón se suceden sin interrupción. Si hace un par de semanas eran los médicos de familia de Galicia los que convocaban un parón ante el intento de la Xunta de precarizar aún más la profesión, estos días son los médicos de toda España los que se plantan ante el Ministerio de Sanidad para reclamar un estatuto laboral propio que atienda a sus necesidades. Las demandas de nuestros médicos están atravesadas por el sentido común, pues reclaman, por ejemplo, entre otras cosas, la eliminación de las inhumanas guardias de 24 horas o el pago de estas horas como extra, así como su cotización a efectos de la jubilación.

Pero aunque debemos apoyar a nuestros médicos en sus justas reivindicaciones también es imperativo que les recordemos, ahora que los aplausos teledirigidos en los balcones han cesado, su manifiesta dejadez de funciones como colectivo durante la crisis del covid-19 y su complicidad en la abusiva medicalización de la sociedad española impulsada por los emporios farmacéuticos. No es que tengamos que cantarles las cuarenta a los galenos de España en estos momentos de necesaria solidaridad, sino pedir como sociedad para ellos (y, por lo tanto, para nosotros) tres simples medidas que redundarían en el beneficio de nuestro sistema sanitario.

En primer lugar, deberíamos exigir al Ministerio de Sanidad que organizase un plan factible para imponer, sin excepción posible, una reducción significativa del horario de trabajo presencial de los médicos. Por más que los médicos no sean en la mayor parte de los casos investigadores, no podemos permitir que personas encargadas de dirigir la salud de los ciudadanos no dispongan de varias horas diarias para el estudio y el análisis de las distintas investigaciones que van surgiendo en relación con tal o cual patología o crisis de salud. La gestión del covid-19 evidenció que muchos facultativos no estaban al tanto de los estudios que se iban publicando sobre la efectividad de los confinamientos, las mascarillas o las “vacunas” experimentales porque no disponían del tiempo para hacerlo, asimilando como ciencia única y verdadera la doctrina que los medios de comunicación, los gobiernos y las farmacéuticas inoculaban perversamente en la opinión pública. (Los ciudadanos no podemos dejar de agradecer, al respecto, el encomiable trabajo de divulgación y concienciación sobre los destructivos efectos de la hipermedicalización que llevaron a cabo entonces médicos como Juan Gérvas y el Equipo Cesca).

Por extraño que parezca, esta falta de conocimiento y revisión continua del estado real de la ciencia por parte de nuestros doctores, lejos de ser algo puntual, tiende a ser la norma, como confirma, por ejemplo, la falta de debate público (cuando no conocimiento) con respecto a la idoneidad o no de combatir el colesterol mediante la prescripción masiva de estatinas. La lucha contra el colesterol ha sido un atentado de las farmacéuticas contra la salud de la ciudadanía, pues consiguieron que las autoridades sanitarias redujesen cada vez más los niveles de colesterol en plasma considerados como normales y recetasen así a millones de personas sanas (contraviniendo el principio de primum non nocere) un medicamento con notables efectos secundarios. Si atendemos a los datos que nos ofrece Joan Ramón Laporte, catedrático de Farmacología y antiguo jefe del servicio de farmacología del Hospital de Vall d’Hebron, las estatinas prescritas contra el colesterol no han demostrado tener un beneficio significativo y causan un caso de diabetes entre cada 255 personas medicadas, uno de cataratas entre cada 40, uno de alteración hepática entre cada 140 y uno de insuficiencia renal cada 400, además de dolores musculares en el 40% de los tratados.

Los médicos debieran, en consecuencia, dedicar parte de su jornada laboral a defender los intereses de la ciudadanía frente al acoso de la industria farmacéutica (los visitadores médicos, que tendrían que estar prohibidos ya hace tiempo, no deberían ser admitidos en centros públicos). Para asegurar que esto sea así el Ministerio de Sanidad haría bien en tomar una segunda medida complementaria de la primera, esto es, asegurarse de que los médicos perciben un salario competitivo y prohibirles terminantemente atender en consultas privadas más allá del horario laboral normal. No existe ninguna justificación por la que un médico tenga que trabajar más horas de las indicadas, sacrificando un indispensable tiempo de estudio y, lo que es aún más grave, haciendo no pocas veces de la corrupción un modo de vida, al privilegiar en las listas de espera del sistema público a los pacientes que pagan la vil extorsión de la consulta privada. Es muy difícil entender, además, que si un piloto de avión tiene reguladas de manera escrupulosa sus horas de trabajo permitidas, un médico, del cual depende la vida de sus pacientes, no esté sometido a un control aún más estricto.

Pero, sin duda alguna, la medida estrella que nuestras autoridades deberían poner en marcha sería proceder a la desmedicalización de la sociedad española para así asegurar que tengamos una atención sanitaria de calidad que se dedique a sanarnos o a cuidarnos durante la enfermedad, y no a convertirnos en enfermos permanentes desde que nacemos hasta que morimos. La situación actual es, en este sentido, apocalíptica. En Crónica de una sociedad intoxicada, el ya referido Joan Ramón Laporte, una de las máximas autoridades mundiales en farmacovigilancia y colaborador de organizaciones como la OMS o la Agencia Europea de Medicamentos, asegura que en España, uno de los países más medicados del mundo

de cada 10 personas, tres toman un fármaco para dormir o para la depresión, dos o tres toman omeprazol, y dos un medicamento para el colesterol. El consumo se concentra en las personas mayores y en las más pobres. Las mujeres reciben el doble de psicofármacos que los hombres. Los más pobres ocho veces más que los más ricos.

Si algo nos permite entender esta alerta es que no basta con reclamar más médicos (lo cual solo tiene sentido si es para que la carga de trabajo esté más repartida, no para que aumente la medicalización), sino que debemos hacerlo para exigir una sanidad mejor y más ajustada a una racionalidad hipocrática. No podemos sucumbir, por eso, a la privatización de facto de la sanidad a mano de las grandes farmacéuticas (indistinguibles hoy en día de los grandes poderes militares y digitales) y al timo piramidal que supone la medicalización indiscriminada de la ciudadanía. De hecho, el mismo Joan Ramon Laporte, quien defiende la necesidad de los fármacos cuando estos “pueden curar una enfermedad o aliviar sus síntomas”, denuncia “una epidemia silenciosa de efectos adversos de los medicamentos [no necesarios] que en España son causa de más de medio millón de ingresos hospitalarios y como mínimo de 16.000 muertes al año, así como decenas de miles de casos de enfermedades”.

El drama de la medicalización masiva no solo es palpable en la calle, sino en cualquier colegio o instituto, donde niños totalmente normales son medicados para corregir sus déficits de atención o su presunta hiperactividad. La falta de rigor de muchos de los diagnósticos que llevan a estos indefensos ciudadanos del futuro a ser condenados a un aletargamiento inducido y a sufrir efectos secundarios considerables debiera ser sometida a un exigente escrutinio y ser considerada como constitutiva de delito. El caso es que el monstruo farmacéutico de la hipermedicalización no conoce límites: es algo así como un gigantesco cerdo cuya voracidad le lleva a querer engullir con sus fauces bacterianas cada vez a más personas hasta transformar toda la sociedad en una granja de engorde de enfermos para su consumo. En nuestros días, el nuevo camelo para someter a aquellos que no han sido convertidos aún en cuerpos achacosos necesitados de asistencia sanitaria continua es la llamada salud mental, que es reclamada al granel de manera acéfala por nuestra izquierda. Si añadimos a este pastoreo indiscriminado de nuestra psique (reconociendo, obviamente, la necesidad de servicios de salud mental para las personas que realmente los necesiten) el apogeo de las operaciones de cirugía estética, nos encontraremos con que vivimos en una sociedad agónica y enajenada, propia de los círculos más desgraciados del infierno dantesco.

La crisis de la sanidad y de la educación es la crisis de la democracia porque demuestra, como he intentado explicar hace unos días aquí mismo, que una democracia que no encuentra manera de justificarse a sí misma como verdaderamente basada en la libertad y en el interés público no tiene más remedio que convertirse en un tiránico estado terapéutico y chantajista. Los gendarmes del Régimen del 78 han sabido leer muy bien los deseos más secretos e inconfesables de buena parte de la ciudadanía, y riéndose de todos nosotros, sabiendo que quien más quien menos aspira a vivir como una parodia de marqués más que como un ciudadano digno, nos han querido convertir en degradadas versiones de Sancho Panza en la Ínsula Barataria, con educación forzada y médicos sádicos que nos monitorizan las 24 horas del día.

Sin embargo, todos estos servicios adulterados, que pagamos con nuestros impuestos de manera redoblada, no son los que un estado democrático nos debiera proporcionar para que vivamos con seguridad y libertad, sino caprichos degradantes de las élites, con las que estas nos sacan el dinero, el ingenio y la salud, y nos convierten a sus ojos en bufones disfrazados chocarreramente de sabios o emperadores como los que pintaba Velázquez. La diferencia es que nosotros, amén de creernos que somos parte de la jet set, lucimos orgullosos como señales de privilegio cajas de medicamentos innecesarios, títulos universitarios que no valen ni el papel con el que se imprimieron y cirugías estéticas que nos deforman los pechos, los culos, los cuellos y las caras, cuando no las partes íntimas. Por eso, y a falta de atesorar la sabiduría que permitió a Sancho Panza defenderse de las depravadas élites de su tiempo, deberíamos exigir a los encargados de cuidar de nuestra salud que reclamen en la justa huelga que libran estos días las condiciones necesarias para hacerlo, al margen de la desidia, los intereses oscuros y la industria farmacéutica.

Sobre el autor

David Souto Alcalde es escritor y doctor en Estudios Hispánicos por la Universidad de Nueva York (NYU). Ha sido profesor de cultura temprano moderna en varias universidades estadounidenses. Especializado en la historia del republicanismo y en las relaciones entre política, filosofía y literatura, en los últimos años se ha centrado en explorar los fundamentos del autoritarismo contemporáneo: tecnocracia, poshumanismo y globalismo. Es colaborador habitual de distintos medios y miembro fundador de Brownstone España.