El caso del Profesor Boaventura de Sousa Santos representa uno de los episodios más controvertidos de cancelación académica de los últimos años. El sociólogo portugués de 84 años, considerado una de las figuras más influyentes de las ciencias sociales contemporáneas y creador de las “epistemologías del sur”, ha sufrido un proceso de destrucción reputacional sin precedentes basado en acusaciones que, hasta la fecha, no han resultado en ninguna condena judicial ni han sido probadas de manera concluyente.
El caso Boaventura ilustra los peligros de una cultura de cancelación que privilegia la reacción emocional inmediata sobre los procesos de verificación rigurosa. Como señala el sociólogo en su artículo “Cancelación, Inquisición y fatwa”, este tipo de persecución académica constituye una forma de “violencia simbólica” que destruye carreras y vidas sin garantías procesales adecuadas.
La situación es particularmente paradójica considerando que Boaventura de Sousa Santos es reconocido internacionalmente por su trabajo en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género. Sus contribuciones teóricas a las “epistemologías del sur” han sido fundamentales para visibilizar conocimientos marginalizados y promover perspectivas más inclusivas en las ciencias sociales. Quizás haya sido, precisamente por esta razón, que un movimiento ya conocido, el de la cancelación de un supuesto feminismo, sin utilizar las vías del Estado de derecho, haya querido cobrarse “la presa” de una persona referente en el ámbito.
Origen y Desarrollo de las Acusaciones
Las denuncias contra Boaventura de Sousa Santos se hicieron públicas en abril de 2023 a través de la publicación del libro “Sexual Misconduct in Academia: Informing an Ethics of Care in the University” por la editorial Routledge. Tres investigadoras del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coimbra (Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro y Miye Nadya Tom) publicaron un capítulo titulado “The walls spoke when no one else would” donde, sin mencionar nombres específicos, describían presuntos casos de acoso sexual ocurridos entre 2011 y 2019 en una institución que posteriormente fue identificada como el CES.
El texto se refería a una figura denominada “el profesor estrella”, que rápidamente fue asociada con Boaventura de Sousa Santos, fundador y director emérito del centro hasta 2019. A estas acusaciones se sumaron posteriormente otros testimonios, incluyendo el de la activista mapuche Moira Millán, quien denunció públicamente haber sufrido una agresión sexual por parte del sociólogo en 2010 durante una visita académica a Portugal.
Resulta significativa la decisión de la editorial Routledge, pues ha retirado el capítulo concreto del libro en agosto de 2023 ante la advertencia de acciones legales por parte de personas afectadas por la publicación. Es una medida poco común en el mundo editorial académico y sugiere reconocimiento de problemas sustanciales con el contenido publicado.
Respuesta Institucional Inmediata y Consecuencias
La respuesta institucional fue fulminante y desproporcionada. Sin esperar el resultado de ninguna investigación formal, múltiples organizaciones académicasprocedieron a suspender o cancelar su vinculación con el sociólogo. El Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra lo suspendió temporalmente de todas sus funciones. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)anunció la suspensión de todas sus actividades. El diario español Público comunicó que dejaba en suspenso su colaboración con él.
Una de las medidas más significativas fue la cancelación de múltiples doctorados honoris causa que se le iban a otorgar. La Universidad de Costa Rica inició un proceso para retirarle el doctorado honoris causa concedido en 2019, siendo la primera vez en la historia de esa institución que se contemplaba tal medida. En total, fueron cancelados nueve doctorados honoris causa que estaban programados para ser concedidos al sociólogo.
La Comisión Independiente y sus limitaciones
En respuesta a la controversia, el Centro de Estudios Sociales creó una comisión independiente para investigar las denuncias. Tras once meses de trabajo, la comisión publicó su informe en marzo de 2024, concluyendo que existieron “patrones de conducta de abuso de poder y acoso por parte de algunas personas que ejercían posiciones superiores en la jerarquía del CES”. Sin embargo, el informe no mencionaba nombres específicos ni establecía culpabilidades individuales directas.
Significativamente, la comisión reconoció que “los testimonios y las pruebas recogidas durante los 11 meses de trabajo no permiten esclarecer la existencia de algunas situaciones denunciadas públicamente”. Este reconocimiento de la insuficiencia probatoria contrasta marcadamente con la severidad de las sanciones ya aplicadas al sociólogo.
Las pruebas de falsedad presentadas por el Profesor
Boaventura de Sousa Santos ha presentado extensas pruebas documentales que demuestran la falsedad de varias acusaciones, particularmente la de Moira Millán. En un documento de 23 páginas titulado “Las acusaciones falsas y difamatorias requieren una disculpa pública”, el sociólogo presenta evidencias que contradicen la versión de los hechos narrada por la activista mapuche.
Entre las pruebas presentadas se incluyen correos electrónicos intercambiados con Millán después del supuesto incidente de 2010, donde la activista expresaba agradecimiento por la hospitalidad recibida y manifestaba interés en mantener contacto académico. Esta correspondencia cordial, mantenida durante años después del presunto ataque, resulta inconsistente con la versión de agresión sexual denunciada.
El sociólogo también demuestra inconsistencias cronológicas y fácticas en el relato de Millán, incluyendo detalles sobre fechas, lugares y circunstancias que no coinciden con la documentación disponible sobre su visita a Portugal.
Apoyo Académico Internacional
Más de 80 personalidades del mundo académico internacional, incluyendo al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, firmaron una carta abierta en solidaridad con Boaventura de Sousa Santos. La carta expresaba que el sociólogo “está sufriendo una campaña de desprestigio basada en acusaciones no demostradas” y destacaba su “funcionamiento ejemplar” y “vocación por la investigación científica rigurosa y comprometida”.
Entre los firmantes se encuentran académicos de prestigio internacional que han trabajado directamente con el CES y que atestiguan sobre el ambiente de trabajo respetuoso y la dedicación del sociólogo a la promoción de la igualdad y justicia social.
Daños irreparables sin sentencia judicial
El aspecto más preocupante del caso es la magnitud de los daños sufridos por Boaventura de Sousa Santos sin que exista ninguna sentencia judicial que confirme las acusaciones. El sociólogo ha experimentado lo que él mismo denomina “muerte civil”: la destrucción sistemática de su reputación académica construida durante más de cuatro décadas.
Los daños incluyen la pérdida de posiciones académicas, la cancelación de colaboraciones editoriales, la suspensión de actividades en organizaciones internacionales, y la retirada de reconocimientos honoríficos. Su separación definitiva del Centro de Estudios Sociales, que él mismo fundó en 1978, representa uno de los aspectos más dolorosos de esta persecución académica.
Parálisis del Sistema Judicial
Mientras las instituciones académicas actuaron con celeridad para sancionar al sociólogo, el sistema judicial ha mostrado una lentitud preocupante. El proceso civil iniciado por Boaventura contra cuatro de las denunciantes por daños a su honor se encuentra paralizado debido a problemas técnicos con las grabaciones de testimonios. Este es solamente un ejemplo de la situación de desprotección en la que una persona puede verse sin que resulten efectivas las medidas ni garantías necesarias. Es importante señalar que no consta ningún proceso judicial abierto contra el profesor por delitos que señalan lo que sí se dijo públicamente, algo que llama especialmente la atención y que nos recuerda a casos recientes en España, donde el escándalo mediático no vino acompañado de denuncias reales, pero el daño a la persona señalada ya está hecho.
Estas situaciones generan una asimetría perversa: las acusaciones circularon masivamente, causando daños inmediatos e irreparables, mientras que los mecanismos de defensa legal permanecen bloqueados o inaccesibles.
(Artículo publicado originalmente en DiarioSabemos)
Sobre la autora
Bea Talegón nació en Madrid el 5 de mayo de 1983. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alcalá de Henares, Madrid. Cursó estudios de Economía del Desarrollo en la Universidad de Pekín, China, por la London School of Economics. Es profesora de lenguaje musical y pianista. Ha trabajado como asesora en el Parlamento Europeo, fue Secretaria General de la IUSY, asesora en Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla La Mancha. Actualmente es Directora de Opinión en Diario16plus. Más de una década como analista política y jurídica en medios de comunicación como televisión (Las Mañanas de Cuatro, FAQS, La Sexta Noche, Horizonte, entre otras) y prensa escrita (Diario16plus, El Plural, El Nacional, El Obrero, Las Repúblicas, The Objective, Público, Eldiario.es, entre otros). Ejerce como periodista ciudadana y tiene un canal propio: beatalegon.tv
Aparte de la cuestión jurídica, está el hecho de que vivamos en una sociedad donde, al contrario de lo que siempre fue en el pasado y por doquier, no haya protocolos de interacción social, modelos de urbanidad y códigos de cortejo como en la sociedad clásica de la deferencia. En tal ausencia, los restos borrosos del protocolo anterior, cuando el hombre da el primer paso, en consonancia con una concepción esencialista de la masculinidad, se prestan a todo tipo de malinterpretaciones maliciosas. Lo que el "me too" o el feaminismo más aberrante no ha querido abordar es el problema antropológico y cultural del cortejo y la oscilación malévola femenina frente a las expectativas de comportamiento masculino.
Lo que nunca debiera (no "debería") suceder.... Pues bien, este caso es uno más entre muchos otros de imprudencia colectiva, de cizaña, de manipulación ideológica, de difamación o de deseos de notoriedad por parte de una tipeja. No es sólo esa parálisis del chistema judicial de las chusmocracias al uso sino que la sociedad misma debe comprender y aceptar que el derecho procesal y la presunción de inocencia, así como la teoría jurídica de la prueba se basan en los mismos principios generales que toda persona reflexiva y que toda sociedad sociedad o sociedad normal y digna de ese nombre deben aplicar para todo asunto que suponga determinar culpas, responsabilidades o juicio alguno sobre acciones o caracteres. Dicho de otro modo, una sociedad moral e intelectualmente formada parte y deber partir de las mismas bases de juicio que, profesionalmente, van a dar lugar a los principios de prudencia jurídica con los que se juzga a terceros.