Solucionar el tema de la vivienda en España es bien fácil. Basta fijarse simplemente en lo que hizo Gran Bretaña tras la II Guerra Mundial e imitarlo. Pero nuestro Gobierno y nuestros gobernantes autonómicos y nacionales han decidido, con la ayuda de estiralevitas y correveidiles, culpar al pequeño propietario, a Juan Pérez, que tiene una casa en alquiler y cuyos ingresos le sirven para completar su pensión, su sueldo de mierda o poder pagar la universidad a sus hijos. Es lo que tiene un sistema político como el español donde se pone de Ministro de fomento al secretario de organización del partido del turno para contentar a las constructoras y que las reglas sobre-cogedoras de funcionamiento estén claras. Es lo que tiene un sistema donde los ayuntamientos y el resto de administraciones están “capturadas”.
Lo que hizo Gran Bretaña tras la Segunda Guerra Mundial fue seguir el informe Beveridge y a partir de Attlee, el líder laborista, construir un millón de viviendas de alquiler social, de council houses. Una council house es una vivienda construida y gestionada por el ayuntamiento de turno, con fondos muchas veces estatales, y puesta en alquiler social, a precios muy moderados y destinada a personas con bajos ingresos. Es propiedad del ayuntamiento de la localidad de turno y seguirá siéndolo, pero se cede en alquiler a personas de la localidad con bajos ingresos demostrados. Por cierto estas viviendas tenían un alto estándar de calidad en la construcción. Este sistema fue desmantelado en gran medida por la Thatcher, la gurú en la que se miran nuestra casta política, toda ella.
Pues bien, nada impide que en España se pueda hacer lo mismo. Nada impide que los ayuntamientos liberen suelo y que se construyan viviendas, con fondos estatales o autonómicos o municipales, que luego se pongan en alquiler a bajos precios por periodos largos a personas empadronadas en el municipio con bajos ingresos. No hace falta ser un lince para darse cuenta de que si se construye masivamente vivienda habrá, por supuesto, una presión a la baja sobre los precios del mercado privado, pues habrá mucha más oferta a precios bajos. Nada impide hacer esto. Sin embargo, ¿por qué no se hace? Pues las respuestas no gustarán. En primer lugar porque habría que gastar dinero. Y es más fácil la palabrería y cargar contra Juan Pérez, el del piso alquilado para completar su pensión o pagar los estudios de sus hijos. No hay ninguna voluntad política. Lo único que les interesa a los que gobiernan es polarizar, con ayuda de los tontos útiles de turno y los aspirantes a sinecuras, y cargar y demonizar. Y en segundo lugar, no nos engañemos, porque nuestro sistema político se basa en una corrupción sistémica y está condicionado por ciertos empresarios y empresas que perderían un enorme nicho de negocio. De él se benefician, además, lo peor de cada casa, que es, como se demuestra día sí y día también, lo que tenemos de clase política. Y así son las cosas y así se las cuento.
Sobre el autor
Miguel Ángel Cerdán Pérez. Licenciado en Geografía e Historia y Graduado en Ciencia Política y de la Administración por la UNED. Catedrático de Secundaria en la especialidad de Geografía e Historia en el IES Violant de Casalduch en Benicàssim. Ejerce como articulista en diversos medios como El Mundo Castellón al día, El Viejo Topo, El Diario.es Comunidad Valenciana o Diario 16.
Toda la razón tienes. Una amiga mía vivió un año y medio en Londres en vivienda social de posguerra de alquiler y siempre recuerda que tuvo facturas de calefacción mas baratas que en Madrid en una casa de los 1990, por la pésima calidad del aislamiento en Madrid, cobrada a precio de oro. Haciendo en Londres mas frío. Pero ya sabemos que la legislación en España no protege contra la construcción defectuosa, porque los grandes constructores tienen sobornada a la clase política.
Más razón que un santo, como decía mi abuela, señor Miguel Ángel. No entenderé a qué estamos esperando para exigir esta y otras medidas. ¿Quizás al borreguil seguidismo de mucha gente?