Son muchas las personas que están preguntándose estos días cuáles son los antecedentes de una importante iniciativa auspiciada por el Brownstone Institute y otras organizaciones colaboradoras en EEUU. Se trata de CovidJustice.org, una propuesta de resolución para el Senado estadounidense sobre la gestión de la crisis del Covid-19 que condena la mala ciencia y la coerción, y se compromete a hacerlo mejor la próxima vez. La petición ya ha conseguido 20.000 firmas en dos días.
¿Qué dio origen a esta idea y cuál es su propósito?
Hace un par de años yo estaba sentado en la barra de un aeropuerto esperando a que llegase la hora de embarque. El hombre que estaba sentado a mi lado me preguntó por el significado de la pulsera que lucía en mi muñeca. Le expliqué que en ella estaba escrita la frase “No me confinarán”. Me preguntó por qué llevaba algo así.
Le expliqué que si lo hacía era porque tan solo unos pocos años atrás estábamos todos encerrados en casa y que, en no pocas ocasiones, incluso se arrestaba a la gente por salir a la calle. Le recordé que los negocios se cerraban a la fuerza y que los dueños eran multados si los descubrían abriendo sus puertas. Le dije que incluso cortarse el pelo era delito. De hecho, cortarse el pelo requería pagar a alguien en negro y reunirse en secreto. Los parques de skate y las canastas de baloncesto se tapiaban para que nadie pudiese usarlos.
Eso fue solo el principio. Las principales agencias sanitarias gubernamentales anunciaron que no se podía exigir el pago del alquiler. Las iglesias cerraron primero en las bases militares y después en todo el país. Los parkings de los hospitales, así como consultorios médicos estaban vacíos en todo el país, y la gente no recibía diagnósticos. Las escuelas cerraron y los estudiantes fueron encerrados en sus dormitorios y vigilados por la policía, no fuese a ser que se les ocurriese organizar alguna fiesta.
Los drones sobrevolaron los EEUU buscando un número mayor del habitual de coches estacionados en residencias y se enviaron fotos a los medios, quienes informaron diligentemente además sobre eventuales celebraciones que pudiera haber en las casas. Las bodas y los funerales se prohibieron.
Me detuve ahí, pero podría haber seguido una hora más. Ni siquiera llegué a la parte en la que millones de personas fueron obligadas a recibir una inyección experimental que no detuvo la infección y terminó enfermando e incluso matando a personas.
Mi interlocutor quedó sentado en silencio un momento y tomó otro sorbo de cerveza.
—Sí. Realmente no hemos tenido ocasión de reflexionar sobre todo eso que sucedió, ¿verdad?
—No. En absoluto.
Esas palabras me han atormentado durante mucho tiempo. No tengo para nada claro cómo Estados Unidos ni ninguna otra nación pueda llegar a superar este período sombrío que perjudicó tantas vidas. A los estudiantes se les robaron dos años de educación presencial. Millones de empresas se arruinaron. La autorización del Congreso de un gasto multimillonario se convirtió en inflación que devoró entre un 25% y un 30% del poder adquisitivo de la ciudadanía, desvalorizando los ahorros y el capital.
Este fiasco en nombre de la salud pública terminó perjudicando la salud. La gente recurrió a sustancias nocivas para sobrevivir y engordó nueve kilos de media por comer en exceso y abandonarse a la desidia y la pereza. Las familias quedaron destrozadas por enzarzarse en discusiones sobre las vacunas. Las iglesias lucharon por recuperarse. Muchos grupos cívicos, desde asociaciones locales de bolos hasta bandas de música de garaje se disolvieron definitivamente. Innumerables personas perdieron sus trabajos, cambiaron de carrera y huyeron de los estados más despótico-sanitarios de EEUU, quienes aplicaban confinamientos estrictos y órdenes de vacunación.
Después de unos años, el desastroso experimento de control humano y comunicación se desvaneció gradualmente. Los medios de comunicación nunca dijeron mucho. El mundo académico guardó silencio. La salud pública simplemente se agazapó en silencio. De repente, nos dijeron que lo olvidáramos y que pensáramos en cosas como la política partidista, la IA, Rusia-Ucrania, la amenaza iraní, la guerra cultural, etc. Simplemente sigamos adelante, nos dijeron.
Pensemos en una analogía histórica con la Gran Guerra. Fue una conmoción sin precedentes que destruyó comunidades y naciones, además de ocasionar muertes a gran escala. Fue un horror. Pasaron seis años antes de que apareciera literatura que abordara el tema. Publicaron La señora Dalloway (1925) de Virginia Woolf, Adiós a las armas (1929) de Ernest Hemingway, Sin novedad en el frente (1929) de Erich Maria Remarque, y muchas otras.
En política, también hubo iniciativas, como El mito de una nación culpable (1922) de Albert Jay Nock o Mercaderes de la muerte (1934) de H. C. Engelbrecht y F. C. Hanighen entre muchas muchas otras.
Suele desconocerse que Winnie-the-Pooh (1926) de A.A. Milne también se concibió como un ataque a la guerra. Milne quería escribir un libro sobre las realidades de la guerra. Su editor le dijo que nadie estaba particularmente interesado, que la gente quería dejarlo todo atrás. Fue entonces cuando se dedicó a escribir libros infantiles con la esperanza de hacer posible que surgiese una generación más comprometida con la paz y la comunidad.
El Brownstone Institute ha estado publicando textos analíticos fundamentales en tiempo real desde sus inicios. Se han realizado muchos documentales maravillosos. Hemos ayudado a financiar, por ejemplo, de The Rash de Walter Kirn, que ofrecerá una poderosa analogía cultural en forma de sátira oscura. Pero lo que todavía nos faltaba era una declaración importante, promulgada por un organismo poderoso, que dejase claro que lo ocurrido en los años del Covid-19 fue contrario a todas las normas legales y legislativas.
En un mundo ideal, debiéramos disponer de declaraciones emitidas por todas y cada una de las universidades, medios de comunicación, órganos legislativos a todos los niveles de gobierno, organizaciones científicas, además de empresas tecnológicas que amplificaran estos mensajes. Pero no estamos disponiendo de nada de eso. El silencio es ensordecedor y, por lo tanto, la amargura y el dolor siguen sin resolverse, como un hedor terrible en el aire que simplemente no desaparece.
Necesitamos, por eso, una declaración como CovidJustice.org justo ahora para dejar claro que la era tecnocrática del covid-19 está en descrédito. Esto es necesario porque la Organización Mundial de la Salud parece querer repetir el mismo guion. Pensemos que la Comisión Británica sobre el covid-19 ha concluido que los confinamientos y las órdenes gubernamentales fueron… pocas, laxas y tardías (parece un chiste, pero no lo es). Incluso a estas alturas, Brownstone no puede subir un video a YouTube sin que le pongan una etiqueta de advertencia. Todas las revistas médicas y medios de comunicación importantes continúan persiguiendo a los disidentes del covid-19 y destrozándolos. Siguen despidiendo, vetando y humillando a personas por rechazar una pseudovacuna que todos saben que no funcionó y que causó un gran daño.
En resumen: podrían volver a hacerlo. Todos lo saben. ¿Qué protección tenemos? Ninguna. Por eso es tan importante esta resolución, que pueden firmar aquí.
Jeffrey A. Tucker
RESOLUCIÓN
Para confirmar los aprendido de manera permanente durante la respuesta a la COVID-19, repudiar ciertas medidas de emergencia por ser incompatibles con la libertad constitucional y establecer principios vinculantes para cualquier emergencia de salud pública futura.
Considerando que la pandemia de COVID-19 de 2020-2023 ocasionó la suspensión más generalizada y prolongada de las libertades civiles en la historia de Estados Unidos;
Considerando que muchas medidas adoptadas en nombre de la salud pública, tanto a nivel federal como en la mayoría de los estados, carecieron de suficiente evidencia de eficacia, en algunos casos fueron arbitrarias, impusieron un daño desproporcionado a las clases pobres y trabajadoras, y violaron los principios fundamentales del gobierno limitado;
Considerando que el Senado ahora juzga, con el beneficio de la retrospectiva y una reflexión exhaustiva posterior, que ciertas categorías de intervención nunca deben repetirse;
Se resuelve, por lo tanto, que el Senado:
(1) Declara que las siguientes acciones, por bienintencionadas que fueran en su momento, constituyeron graves errores que no se repetirán en ninguna emergencia de salud pública futura:
(a) Cierre prolongado de escuelas primarias y secundarias, así como de universidades e institutos superiores para la enseñanza presencial, lo que causó daños mensurables y duraderos en el rendimiento educativo, la salud mental y el desarrollo social de los niños, sin producir una reducción demostrable de la transmisión comunitaria más allá de la que se habría logrado con las protecciones específicas para adultos vulnerables;
(b) Cierre indefinido o restricción de aforo de negocios privados considerados “no esenciales” por decreto ejecutivo, incluyendo, entre otros, restaurantes, gimnasios, peluquerías, lugares de culto y pequeños comercios;
(d) Órdenes de confinamiento domiciliario que confinaron a ciudadanos sanos en sus residencias durante semanas o meses, criminalizando las actividades cotidianas al aire libre, además de la brutal división de la fuerza laboral entre quienes se consideraban “esenciales” y quienes “no esenciales”;
(e) Restricciones al acceso rutinario a residencias de ancianos, hospitales y otros servicios médicos, incluida la odontología, que no cumplían con las demandas de emergencia, lo que resultó en la omisión de diagnósticos e interrupciones médicas para millones de personas;
(f) Desestimación, desaprobación e incluso la eliminación, por parte de las agencias correspondientes, del acceso a terapias conocidas para virus respiratorios, que no estaban disponibles ni siquiera con receta médica;
(g) Las moratorias de desalojo emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que excedieron la autoridad legal y perturbaron los fundamentos contractuales de los derechos de propiedad;
(h) Mandatos de vacunación impuestos directa o indirectamente (a través de la OSHA, los CMS, el Departamento de Defensa o las normas de contratistas federales) a empleados privados, personal sanitario, miembros de las Fuerzas Armadas o estudiantes como condición para el empleo, la educación o la participación en la vida cívica;
(i) La creación y aplicación de pasaportes de vacunación o sistemas de discriminación por estatus de inmunidad por parte de cualquier nivel de gobierno o por entidades privadas bajo coerción gubernamental;
(j) La censura sostenida, la prohibición encubierta, la exclusión de plataformas o la sanción profesional de médicos, científicos o ciudadanos que cuestionaron públicamente las directrices oficiales de salud pública, incluyendo el debate de buena fe sobre protocolos de tratamiento temprano, inmunidad natural o el estado de desarrollo de nuevas vacunas;
(k) La transferencia de una autoridad fiscal sin precedentes a agencias ejecutivas sin una asignación explícita del Congreso, lo que resultó en billones de dólares de gasto con una supervisión inadecuada;
(l) Protocolos hospitalarios dirigidos por agencias que violaron la relación médico-paciente y pisotearon los derechos individuales en el tratamiento médico;
(2) Afirma que los derechos constitucionales enumerados en las Enmiendas Primera, Segunda, Cuarta, Quinta y Decimocuarta, así como los derechos no enumerados que conserva el pueblo bajo la Novena Enmienda, no se vuelven opcionales durante una emergencia declarada;
(3) Establece como política permanente del Senado de los Estados Unidos los siguientes principios que guiarán cualquier respuesta futura a emergencias:
(a) Emergencias de duración limitada: Ninguna declaración de emergencia nacional o estatal relacionada con la salud pública podrá exceder los 30 días sin una reautorización explícita por votación del Congreso o de la legislatura estatal respectiva;
(b) Primacía legislativa: Ninguna agencia federal podrá imponer sanciones, mandatos o restricciones a la conducta privada que afecte a la población en general o a la economía sin una autorización estatutaria expresa promulgada después del inicio de la emergencia;
(c) Protección de menores: Las escuelas primarias y secundarias permanecerán abiertas para la enseñanza presencial a menos que la legislatura estatal pertinente determine por escrito que el cierre es la medida menos restrictiva para prevenir un colapso hospitalario inminente y abrumador en esa jurisdicción;
d) Ejercicio religioso: Los lugares de culto serán clasificados como esenciales en todo momento y no podrán ser sometidos a límites de capacidad numérica ni a restricciones de actividad más estrictas que las aplicadas a los establecimientos comerciales; la libertad religiosa nunca más será vulnerada;
(f) Transparencia y datos: Todos los modelos, conjuntos de datos y deliberaciones del comité asesor utilizados para justificar restricciones se publicarán en tiempo real, sin censura, salvo por motivos legítimos de seguridad nacional.
(g) Prohibición de la censura: Ningún funcionario o agente federal podrá solicitar, ordenar ni incentivar, ni siquiera con presión o financiación a terceros, a plataformas de comunicación privadas que eliminen, supriman o etiqueten la expresión protegida relativa a la política pandémica, las opciones de tratamiento o la seguridad y eficacia de las vacunas.
(h) Compensación por ingresos: Cualquier negocio legítimo obligado a cerrar u operar con capacidad reducida por orden gubernamental tendrá derecho a una compensación completa y pronta por la pérdida de ingresos a precios justos de mercado.
(i) Extinción de las facultades de emergencia: Todas las órdenes de emergencia emitidas por agencias ejecutivas expirarán automáticamente 30 días después de su emisión, a menos que el Congreso o la legislatura estatal respectiva las renueven afirmativamente.
(4) Ordena a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental que realice auditorías anuales de los planes federales y estatales de preparación para emergencias para garantizar el cumplimiento de los principios aquí establecidos.
(5) Exhorta a los Estados a promulgar leyes paralelas que incorporen estos mismos principios y se compromete a cooperar con cualquier Estado que lo haga;
(6) Expresa el profundo pesar del Senado por el sufrimiento innecesario infligido al pueblo estadounidense —especialmente a los niños, a los propietarios de pequeñas empresas, a los ancianos aislados en residencias de ancianos, a los pacientes con cáncer a los que se les niegan las pruebas de detección rutinarias y a los millones que perdieron sus medios de vida— por políticas que priorizaron la uniformidad del cumplimiento sobre la proporcionalidad, la evidencia y la dignidad humana.
Que esta resolución quede como un recordatorio para la posteridad: Estados Unidos sufrió una pandemia, pero la herida más duradera fue autoinfligida mediante el sacrificio voluntario de la libertad en aras de la seguridad. Resolvemos que la lección adquirida a tan alto precio no se olvide, y que los derechos temporalmente cedidos nunca más se pierdan tan a la ligera.
Aprobado por el Senado este _____.
Primero hace falta una resolución sobre la crisis del 2008, que veo yo más importante por los precedentes que supuso tanta psyop de después.