La fábrica de plagas (I)

El enemigo terrorista ha mutado en enemigo zoonótico. Estamos ante un subterfugio que permite a las potencias mantener un modelo de guerra híbrida permanente e imponer el miedo social.

De la crisis del ántrax al Complejo One Health

Introducción

Como muchos de ustedes ya sabrán, desde hace unos años me encuentro envuelto en una investigación de amplio espectro, siguiendo la pista de las actividades de eso que de manera reiterada he definido como “la fábrica de plagas” o “la fábrica de pandemias”. A raíz de mis pesquisas sobre el origen del virus del SARS-CoV 2, he ido sumergiéndome de manera cada vez más profunda en las procelosas aguas del complejo militar biotecnológico, de manera que, cada vez con mayor claridad, observo ciertos patrones que de ninguna manera se pueden considerar casuales, sino más bien causales, y que de la manera más sintética que me sea posible, me dispongo a compartir con todos ustedes.

Estos días nuestro país está en el ojo del huracán a causa de los brotes de gripe aviar del tipo H5N1, y de la llamada Peste Porcina Africana (PPA), con el pánico que conllevan estos asuntos y la ruina para un sector alimentario en el que España es líder. Habrán ustedes leído en medios generalistas sobre los indicios que apuntan a una “fuga de laboratorio” como causante del nuevo brote de PPA, o sobre la peregrina hipótesis del bocadillo contaminado, que si bien resultan escenarios preocupantes, apenas se acercan a ilustrar la verdad en toda su magnitud. A lo largo de esta nueva serie de artículos, trataré de contextualizar y aportar datos que permitan al lector entender el origen de estas crisis recurrentes, conocer a sus beneficiarios y entender la complejidad de un asunto ciertamente siniestro que se desarrolla en la exigua frontera entre el ámbito médico y veterinario y la pura guerra biológica. Antes de comenzar, quiero avisar al lector de que todo lo referente a los eventos de gripe aviar y peste porcina acaecidos en nuestro país se recogerá en el último de los artículos de esta serie, ya que el objeto de esta no es otro que ilustrar de la manera más precisa posible todo el iter criminis que acompaña a estos escenarios de crisis sanitaria que de manera recurrente se nos presentan como si de fenómenos meteorológicos se tratasen.

One Health: la fábrica de plagas

Como ya adelanté en el artículo sobre el fracaso del acuerdo de pandemias, si bien los globalistas de la Organización Mundial de la Salud no habían conseguido plasmar el texto legislativo deseado que materializase satisfactoriamente sus ambiciones de control, el acuerdo, ratificado por España y ya plenamente en vigor, dejaba cuestiones que resultaban ciertamente preocupantes: la consagración del enfoque One Health (artículo 5) y la obligación de los estados firmantes a la recolección y entrega de patógenos mediante el Sistema de Acceso a Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), clave de bóveda del llamado Acuerdo de Pandemias. No quiero incidir en exceso en cuestiones que ya desarrollé ampliamente tanto en el artículo citado, como en otros publicados en el Diario Sabemos (pueden leer aquí: el primero, el segundo, el tercero y el cuarto) pero sí que conviene enfatizar ciertos aspectos que resultan convenientes para comprender mejor tan intrincado asunto y acompañar la narración de los hechos sin necesidad de consultar los mencionados artículos.

El enfoque One Health, promovido por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial para la Salud Animal (WOAH) , se presenta como un pilar esencial para la seguridad biológica global. En este marco interdisciplinario, se pretende integrar la salud humana, animal y ambiental, partiendo de una base argumental ya de por sí bastante discutible, por la que que el 75% de las enfermedades emergentes serían zoonóticas, es decir, que “saltan” de animales a humano. Sin entrar en la cuestión de si esta afirmación es cierta o falsa, aplicada al contexto de las armas biológicas, One Health no está planteado únicamente a modo de herramienta preventiva, sino como un componente clave de las estrategias de biodefensa, teóricamente diseñadas para mitigar amenazas deliberadas o accidentales. Como habrán podido deducir si leyeron el artículo citado, su implementación efectiva genera debates bien significativos sobre sus posibles usos duales: hay científicos, generalmente implicados en la lucrativa industria de los patógenos, que consideran este enfoque como una herramienta de protección genuina, y sin embargo, muchos otros, a los que los medios generalistas no dudan en silenciar convenientemente, lo consideran un engaño que encubre agendas de control social y prácticas de bioterrorismo.

Desde una perspectiva institucional, One Health se integra en planes de biodefensa para contrarrestar el potencial de patógenos animales como armas biológicas. No es ningún secreto que la WOAH destaca que los patógenos animales son ideales para el bioterrorismo: tienen un alto impacto en las economías de las zonas afectadas, son relativamente baratos, fáciles de adquirir y propagar, y no resultan sencillos de detectar. Avances en biotecnología, como la edición genética (CRISPR), o los proyectos para modificar patógenos y hacerlos más letales o infecciosos llamados proyectos de Ganancia de Función (GOF) reducen costos y facilitan la ingeniería de virus o bacterias, haciendo que el 80% de los agentes con potencial bélico sean zoonóticos. Para paliar esta amenaza potencial, la WOAH propone fortalecer la vigilancia en granjas y ecosistemas, donde los animales actúen como “biosensores” tempranos de posibles liberaciones intencionales. Estas iniciativas incluyen guías de bioseguridad en laboratorios veterinarios, colaboración con fuerzas de seguridad para investigar eventos sospechosos, y redes globales de vigilancia y control, consagradas como he comentado, en el famoso Acuerdo de Pandemias al que me he referido antes.

Pongamos por caso la Estrategia Nacional de Biodefensa de EEUU de 2022. Estados Unidos era, hasta que en la última Asamblea General de la OMS su Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. anunciase su retirada de la Organización, el máximo valedor del enfoque One Health y su principal financiador. Sin embargo, en su plan de 2022, la Estrategia incorporaba explícitamente One Health como método para reducir la posibilidad de “bioincidentes”, promoviendo una red de vigilancia multisectorial global y la destrucción de armas biológicas, las de los demás, se entiende, porque como todo el mundo sabe, EEUU no desarrolla armas biológicas. Espero que se capte la ironía. Para ello, los Estados Unidos promovieron el papel de la OMS, como una suerte de interfaz de seguridad sanitaria global, con objeto de detectar brotes deliberados, como el ántrax o la peste porcina, que mimetizan y simulan eventos naturales. Por ilustrar esta cuestión, el artículo “Biothreat & One Health“ (2021) argumenta que este enfoque es crucial para diferenciar amenazas naturales de intencionales, especialmente ante factores como el cambio climático y la urbanización que, según cuentan, aumentan posibles saltos zoonóticos. Como verán a lo largo de las próximas líneas, tanto este artículo como la propia Estrategia Nacional de Biodefensa de 2022 representan un descarado ejercicio de hipocresía, o bien un caso de evidente proyección junguiana.

Los usos duales de One Health

Este marco idílico que nos presentan los prebostes de One Health oculta deliberadamente su posible explotación en el ámbito de la guerra biológica, ya sea contra poblaciones, o en la forma de atentados contra la soberanía alimentaria de las naciones. Dentro del ámbito científico, decenas de reputados investigadores como Richard Ebright, de la Universidad de Rutgers, o Marc Lipsitch, de la Universidad de Harvard, se muestran abiertamente críticos con el enfoque por los potenciales peligros de fugas de laboratorio que presentan los trabajos de edición genética y de ganancia de función de patógenos en laboratorios, argumentando que One Health podría servir para diluir la prioridad humana en favor de agendas globales, como el control de la soberanía alimentaria o la vigilancia masiva. Y no les faltan razones para la preocupación: bajo el paraguas del Acuerdo de Pandemias de la OMS de 2025, se otorga carta de naturaleza a la intervención globalista en los sistemas agrícolas y alimentarios nacionales, precisamente enmascarando que las llamadas investigaciones de “ganancia de función” no son más que el caballo de Troya necesario para desarrollar armas biológicas al margen del escrutinio de la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas (CAB), ratificada también por España.

En definitiva, el complejo One Health, promovido desde los años 70 desde organizaciones filantrópicas como la Rockefeller Foundation (véase el artículo sobre el Acuerdo de Pandemias) es la piedra angular del complejo militar de biodefensa moderna, financiada por el Agencia de Investigación y Desarrollo del Departamento de Defensa de EEUU (DARPA) y la recientemente desmantelada por Trump Agencia de Ayuda al Desarrollo (USAID). Análogamente, al otro lado del nuevo telón de acero, el Ejército Popular de Liberación chino, en su doctrina “Biosecurity” de 2014, también integra la Iniciativa One Health en sus estrategias de biodefensa, abarcando enfermedades infecciosas y cadenas alimentarias, sugiriendo también un enfoque dual, tanto defensivo como ofensivo. Es en este contexto en el que surgen toda suerte de simulacros y proyectos legislativos en los que se enmarcan todos los eventos de crisis sanitarias y alimentarias de las últimas décadas.

Bioshield, Dark Winter y la crisis del ántrax

Resulta conveniente, a efectos de captar mejor la dimensión geopolítica de los eventos recientes en España, entender el contexto en el que se desarrollan. Como hemos ilustrado de manera reiterada en nuestros Informes de Grupo de Control, las relaciones internacionales se han visto seriamente condicionadas a raíz de los eventos del 11 de septiembre de 2001. Desde proyectos tecnológicos de control de las comunicaciones como Stellar Wind y sus sustentos legislativos (Patriot Act, Homeland Security Act, etc.), pasando por la desquiciada “guerra contra el terror”, que ha destruido la prosperidad de naciones como Siria o Libia y dinamitado cualquier esperanza de convivencia en Oriente Próximo, al tiempo que se sembraba en Occidente la psicosis del “terror islamista”. Sin embargo, su dimensión de guerra biológica resulta menos conocida por el gran público, de modo que cada una de las múltiples crisis son percibidas y presentadas en sociedad como catástrofes naturales que, según nos dice la “ciencia”, tienden a multiplicarse por razón del maldito cambio climático (nótese la ironía). Resulta por tanto imprescindible volver la vista atrás, al momento en el que la narrativa del peligro biológico permanente experimentó un salto cuántico. ¿Qué nos ha llevado a esta situación?

Operación Dark Winter

La Operación Dark Winter fue un ejercicio de simulación de alto nivel sobre bioterrorismo realizado entre 22 al 23 de junio de 2001 en Estados Unidos, apenas tres meses antes de los atentados del 11-S y sobre todo, de los ataques con ántrax de octubre de 2001. Su objetivo era el de simular un ataque bioterrorista masivo con una variante de viruela (variola virus) en tres ciudades estadounidenses simultáneamente, para evaluar la capacidad de respuesta del gobierno federal, estatal y local ante una pandemia intencional por la liberación de un patógeno altamente contagioso y letal. Del mismo modo que el Evento 201, que adelantó políticas de Salud Pública unos meses antes de la pandemia del Covid, este evento contó con el liderazgo del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud Civil (actualmente Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud), Centro para el Estudio Estratégico e Internacional (CSIS), el Analytic Services (ANSER), el Institute for Homeland Security y el Memorial Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT). Entre los participantes en el simulacro que interpretaban roles de alto nivel del gobierno se encontraban: Sam Nunn, ex-senador, interpretando al Presidente de EEUU; David Gergen, en el papel de asesor presidencial; James Woolsey, ex-director de la CIA; John White ex-subsecretario de Defensa; Frank Keating, gobernador de Oklahoma, y Jerome Hauer como experto en biodefensa. Los directores del simulacro fueron Tara O’Toole y Tom Inglesby, ambos prominentes miembros de la Johns Hopkins. Quizás no resulte sorprendente al lector saber que fue precisamente el propio Inglesby quien dirigiese también el simulacro del Evento 201 anteriormente mencionado.

El escenario ficticio estaba planteado que ocurriese el 12 de diciembre de 2002. El ataque inicial con viruela tendría como escenarios tres centros comerciales en Oklahoma City, Filadelfia y Atlanta. En pocas semanas el virus se propagaría rápidamente por todo el país y al extranjero. Al final del ejercicio (día 13 del brote simulado) el resultado en cifras arrojaba más de 1 millón de muertos, 3 millones de infectados, el colapso total del sistema sanitario, disturbios, cuarentenas masivas y cierre de fronteras. Como habrán ustedes podido aventurar, las principales conclusiones que se extraían del ejercicio eran la escasez crítica de vacunas y la necesidad de desarrollar marcos legislativos para mejorar la coordinación entre el ámbito federal, estatal y local. Según el informe EEUU sólo disponía de 15 millones de dosis de vacuna contra la viruela (recordemos que la viruela estaba oficialmente erradicada en ese momento), las autoridades civiles y militares no estaban preparadas para imponer cuarentenas masivas ni controlar los disturbios, y los medios de comunicación no hacían sino amplificar el pánico y complicar la respuesta.

Asimismo, el sistema legal y constitucional no estaba preparado para medidas extremas como cierre de fronteras, aplicación de la ley marcial o racionamiento de vacunas. Las pretendidas vulnerabilidades reveladas por el simulacro sirvieron para acelerar la creación del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), y para justificar proyectos legislativos como la Ley Modelo de Emergencia Sanitaria Estatal (Model State Emergency Health Powers Act), bajo cuyo amparo se tomó la decisión de reconstruir la reserva estratégica de contramedidas del llamado Proyecto BioShield (escudo biológico). Dark Winter, citado frecuentemente durante la pandemia del COVID-19 por sus evidentes similitudes, fue el experimento precursor de toda la arquitectura de guerra biológica posterior, convenientemente disfrazada de preocupación por la salud de los ecosistemas en proyectos posteriores como PREDICT o PREEMPT, (ya mencionados en anteriores artículos y de los que tendremos oportunidad de profundizar a lo largo de esta nueva serie) y cuyas nefastas consecuencias sufrimos en estos días en Europa, y singularmente en nuestro país.

Ataques con ántrax de 2001

Del mismo modo que la Operación Covid-19 fue profetizada por el famoso Evento 201, los ataques “terroristas” en suelo estadounidense con ántrax de 2001, conocidos como Amerithrax, ocurrieron pocos meses después del simulacro Dark Winter, y tan sólo una semana después de los atentados del 11 de septiembre. Unas cartas contaminadas con esporas de Bacillus anthracis (ántrax) fueron enviadas por correo postal, afectando a oficinas de medios de comunicación y senadores. Este evento, considerado como el primer ataque letal con ántrax fuera de contextos bélicos, mató a 5 personas e infectó a 17 más, generando un pánico masivo, que como podrán ustedes recordar, se asoció de manera casi automática con Al Qaeda. El 18 de septiembre de 2001, las primeras cartas con matasellos de Trenton, Nueva Jersey, se enviaron a oficinas de noticias en Nueva York (NBC, NY Post) y Florida (National Enquirer). El 9 de octubre de 2001, sendas cartas dirigidas a los senadores Tom Daschle y Patrick Leahy, ambos demócratas, llegaron al Congreso, conteniendo una misiva con fecha 9 de septiembre, que rezaba lo siguiente: “NO NOS PUEDEN DETENER. TENEMOS ESTE ÁNTRAX. AHORA MUEREN. ¿TIENEN MIEDO? MUERTE A AMÉRICA. MUERTE A ISRAEL. ALÁ ES GRANDE.” La pretendida carta yihadista, “El guardián entre el centeno” de nuestra historia, venía aderezada con esporas de ántrax aún más refinadas y letales, llevando la psicosis a otro estadio superior. La primera víctima mortal que se cobró esta “crisis” fue Robert Stevens, editor fotográfico en Florida, que murió el 5 de octubre por inhalación de ántrax. Los ataques se extendieron hasta noviembre de 2001, con 22 casos confirmados (11 por inhalación, 11 cutáneos). Finalmente murieron 5 personas, incluyendo a Stevens, junto a dos trabajadores postales en Washington D.C., una anciana en Connecticut que murió por exposición secundaria y una empleada de hospital en Nueva York, dejando I7 supervivientes, principalmente trabajadores postales y personal de los medios de comunicación expuestos al polvo de las esporas.

De Al Qaeda a Fort Detrick

El pánico biológico, no sólo provocó cierre temporal de edificios gubernamentales, interrupciones en el correo, y el aumento en la vigilancia de amenazas biológicas que hemos comentado al principio. También, gracias a las falsas pruebas incriminatorias que señalaban la autoría de Al Qaeda, la operación resultó de enorme utilidad para disciplinar a la opinión pública estadounidense y europea, tanto en la necesidad de activar la famosa “guerra contra el terror” y sus nefastas consecuencias en Afganistán y en Irak, como de la aprobación de programas de control como Stellar Wind, asociados a Patriot Act y la Homeland Security Act o del desarrollo de proyectos de guerra biológica bajo la apariencia de proyectos biomédicos. Así fue como se aceleró la creación del Departamento de Seguridad Nacional, en 2002, el Proyecto BioShield en 2004, planteado como la creación de una reserva de contramedidas y “agentes patógenos selectos” como el ántrax, los llamados Laboratory Response Network (LRN) y el National Pharmaceutical Stockpile, contenidos ambos en la Bioterrorism Act.

Como decíamos, del mismo modo en que ocurrió con el 11-S y posteriormente en los atentados de Madrid y Londres, la pista de Al Qaeda fue presentada como incontestable, aunque la presión de ciertos científicos que cuestionaban la narrativa con datos sobre la naturaleza de las esporas encontradas obligaron al FBI a cambiar la línea de investigación. Especialmente relevante resultó este artículo de la científica Meryl Nass, a quien tuve el privilegio de poder entrevistar hace unos meses (pueden ver la entrevista aquí). En él, Nass señalaba las inconsistencias de la narrativa oficial, presentando los ataques como una operación de intimidación estratégica contra la propia población estadounidense, con objeto de impulsar la financiación del complejo militar bioterrorista de Bioshield. Los sobres contenían en torno a 2.000 millones de esporas de la cepa Ames, sólo disponibles en stocks gubernamentales, con aditivos para mejorar su dispersión y virulencia, aunque sellados con cinta para contenerlas y maximizar de este modo el terror, lo que, aderezado con los falsos mensajes islámicos, sugiere que la prioridad de los ataques no eran las muertes sino el pánico, a diferencia de lo simulado en la Operación Dark Winter.

Globos sonda: Los casos del Dr. Ayaad Assad y del Dr. Steven Hatfill

Uno de los elementos más sospechosos que describe el artículo de Meryl Nass es la carta anónima dirigida contra el Dr. Ayaad Assad, que representa uno de los elementos más intrigantes y controvertidos de la investigación Amerithrax. Ayaad Assad, nacido en Egipto y naturalizado estadounidense, se unió al USAMRIID (Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército en Fort Detrick, Maryland) en 1986 como microbiólogo. Su carrera se vio truncada en 1997, cuando fue despedido tras emitir una queja formal contra algunos colegas por discriminación, acoso étnico y religioso. Assad alegó haber sido blanco de los ataques de un grupo de colegas, liderado por el Dr. Philip Zack, un oficial judío del Ejército con formación en medicina y microbiología que, según decía Assad, lo acosaba sistemáticamente. Zack trabajaba en la división de patología experimental, y su labor involucraba el manejo de patógenos de alto riesgo, incluyendo ántrax militarizado, precisamente de la cepa Ames en liza, en entornos de bioseguridad nivel 3 y 4. Los incidentes documentados incluían pintadas antisemitas en el laboratorio, atribuidas falsamente a Assad para incriminarlo, amenazas verbales y sabotaje profesional. Zack, quien había sido suspendido en 1991 por estos actos, regresaba de manera frecuente a Fort Detrick para “trabajos no oficiales”. Este caldo de cultivo de rencillas raciales pretendía proporcionar un contexto plausible para instalar en la opinión pública el móvil islamista. No deja de resultar llamativo que Zack no fuese incluido en la terna de sospechosos, habida cuenta de los antecedentes.

La misiva, un documento de 212 palabras escrito a máquina y sin firmar, fue enviada al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, el 18 de septiembre de 2001, tan sólo dos días antes de que las primeras cartas con ántrax fueran procesadas en Trenton, Nueva Jersey. Recibida por el FBI el 21 de septiembre, su contenido acusaba explícitamente al Dr. Assad de ser un “terrorista biológico potencial: “[...] He trabajado con el Dr. Assad y lo he oído decir que tiene una venganza contra el gobierno de EE.UU. y que, si algo le sucede, le dijo a sus hijos que continúen“. El autor se presentaba como un ex-compañero de trabajo, detallando información personal sensible sobre Assad, cuestiones como su formación en agentes químicos y biológicos, su nivel de autorización de seguridad, el lugar donde trabajaba entonces en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que tenía dos hijos, el tren que tomaba al trabajo y su dirección residencial en Frederick, Maryland, etc. Estos detalles no solo demostraban un conocimiento íntimo del sujeto, sino que evocaban el estereotipo perfecto del mundo post-11-S, dibujando a un malvado científico resentido de origen árabe con motivaciones ideológicas.

Con una evidente intención propagandística, el FBI se apresuró a mostrar públicamente la carta sobre Assad el 1 de octubre de 2001, justo en mitad de la crisis, negándole una copia de la misma al propio acusado, alegando protocolos de seguridad. Assad, al ser transferido a la EPA en 1998, ya no tenía acceso a materiales biológicos sensibles, lo que debilitaba cualquier indicio de capacidad operativa para un atentado de semejante magnitud. Además, el 2 de octubre de 2001, el mismo día en que se confirmó la primera muerte por ántrax de Robert Stevens, varios agentes interrogaron a Assad en su hogar. El interrogatorio duró horas, pero Assad proporcionó coartadas sólidas, recibos de viajes y referencias que lo exculpaban con toda claridad. Finalmente, la tesis de Assad fue abandonada, y el acusado sería indemnizado en 2004, aunque el monto de su acuerdo no ha trascendido. Sin embargo, el evento de la carta, profetizando los atentados, resulta ciertamente esclarecedor, y no se puede interpretar de otro modo que como un intento deliberado de desviar el foco de la investigación hacia un perfil de “terrorista islamista” preconcebido.

Como anunciaba en el título de este epígrafe, el de Assad no fue el único globo sonda. El caso de Steven J. Hatfill representa uno de los episodios más criticables de la investigación Amerithrax y que mejor ilustra el enorme esfuerzo del FBI por tratar de cerrar el caso lo más rápido posible, acudiendo a técnicas prospectivas de investigación y aplicando, de nuevo, un sesgo de confirmación evidente para llegar a conclusiones predefinidas. Hatfill, un médico, patólogo y experto en armas biológicas con experiencia en el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército (USAMRIID) en Fort Detrick, fue identificado públicamente como “persona de interés” en 2002, y sometido durante más de seis años a una intensa vigilancia, allanamientos y filtraciones mediáticas que destruyeron su reputación y carrera, sin que nunca se presentaran cargos en su contra. En 2008, tras su exoneración oficial y un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia (DOJ), Hatfill recibió una compensación de aproximadamente 5,8 millones de dólares.

El suicidio de Bruce Ivins: caso cerrado

Bruce Edward Ivins, microbiólogo senior del USAMRIID en Fort Detrick, fue identificado finalmente por el FBI como el único perpetrador de los ataques con ántrax de 2001. El caso se cerró formalmente en febrero de 2010, concluyendo que Ivins actuó solo, motivado por salvar su programa de investigación en vacunas contra el ántrax, lo que resulta ciertamente paradójico, habida cuenta del impulso que precisamente habían recibido en Fort Detrick al calor de los propios ataques. Muy convenientemente, el 29 de julio de 2008, Ivins se “suicidó” con una sobredosis de paracetamol y codeína, días antes de que el Departamento de Justicia (DOJ) presentara cargos formales contra el científico por asesinato, conspiración y uso de armas de destrucción masiva. Su muerte impidió un juicio, pero el FBI mantuvo que la evidencia era suficiente para una condena. Así se cerró el asunto Amerithrax, que tantas sospechas levantaba entre investigadores y científicos.

El caso se cerró sin evidencias concluyentes, y los indicios encontrados en que se basó la condena post mortem a Ivins, no pueden calificarse más generosamente que como meramente tangenciales. El primer indicio que llevó a poner el foco sobre Ivins, quien trabajaba desde 1980 en el USAMRIID, fue el hecho de que estaba especializado precisamente en la cepa Ames de Bacillus anthracis. Tenía acceso irrestricto al frasco RMR-1029, un concentrado de esporas que contenía las cuatro mutaciones genéticas únicas identificadas en el polvo de las cartas enviadas en septiembre y octubre de 2001. Este hallazgo constituyó la evidencia científica central, ya que el ántrax de los ataques derivaba directamente de una subcultura de RMR-1029 como la que investigaba Ivins. Sin embargo, según relatan sus propios compañeros, al menos otros cien científicos tenían acceso a esa variante, por no mencionar el hecho de que, al menos 20 laboratorios a lo largo y ancho del país tenían esas mismas muestras.

Otros de los indicios alegados por el FBI se basaba en el registro de entrada y salida de Ivins del propio laboratorio, trabajando hasta altas horas de la noche, un argumento que muchos de sus compañeros de laboratorio también despreciaron como evidencia, ya que, por lo que parece, en según qué tipo de experimentos, la presencialidad era un requisito indispensable. Varios colegas de Ivins en Fort Detrick expresaron su escepticismo sobre su culpabilidad exclusiva públicamente, argumentando que Ivins carecía de la capacidad técnica para el secado del ántrax en secreto y que el proceso habría sido detectado, contaminando el laboratorio y enfermando a otros compañeros, y que además su comportamiento no encajaba con un perpetrador. Estas dudas fueron expresadas tanto a priori, a los investigadores del FBI, como a posteriori en el juicio, y sin embargo, no fueron tomadas en consideración para el fallo final.

Lo que sí fue considerado en el informe final fue un perfil psicológico que apareció en las postrimerías de la investigación, donde se presentaba un Ivins con un pasado universitario de joven torturado, obsesionado con una hermandad de mujeres. El informe concluía que Ivins sufría “profundos problemas de salud mental”, incluyendo paranoia, depresión severa, ansiedad y posible psicosis, que según afirmaban, lo predisponían a cometer los envíos. Sin entrar en detalles del informe, resulta muy reveladora la opinión de quienes trabajaban a diario con él, que describían su excentricidad como benigna, y que lo consideraban incapaz de infligir daño físico real, señalando precisamente al estrés derivado de la investigación que pesaba sobre él, como motivo que exacerbó su deterioro mental hasta el pretendido suicidio. Sin pretender condicionar la percepción del lector sobre el asunto, y considerando los dos falsos sospechosos anteriores y la creatividad mostrada por el FBI en su prospección investigativa, se percibe cristalina la ansiedad de los agentes a cargo de la investigación por construir un caso, por lo que no puedo más que concluir que el asunto Amerithrax se cerró en falso, y que las evidencias acumuladas contra Ivins parecen tratarse de pruebas fabricadas.

Conclusión

Tal y como he explicado en anteriores artículos podemos divisar con claridad (sin hacer un excesivo esfuerzo imaginativo) un patrón de conducta del Estado Profundo que ha permitido florecer al complejo militar biotecnológico globalista; un patrón que se viene replicando desde aquel siniestro simulacro llamado Dark Winter, hasta materializarse en el Acuerdo de Pandemias en el que, por fin, tras muchos años de plagas inducidas, ha cristalizado ese caballo de Troya llamado One Health. El proceso es bien sencillo: órganos ad hoc diseñan proféticamente escenarios hipotéticos de los que se desprenden soluciones posibles. Cuando finalmente los hechos profetizados se producen, la arquitectura legislativa y tecnológica planteada encuentra la manera más conveniente (y lucrativa) de canalizarse, llevándose por delante buena parte de nuestros derechos constitucionales y nuestro dinero público en pos de una falsa seguridad. Si bien los enemigos propiciatorios han ido variando, el patrón se mantiene. Cual virus, el enemigo terrorista ha mutado en el enemigo zoonótico, un subterfugio narrativo que permite a las potencias en liza mantener de manera relativamente discreta un modelo de guerra híbrida permanente, al tiempo que se dispone una herramienta de control social de primer orden: el miedo. Ninguna de las potencias del tablero geopolítico desdeña su uso, como pudimos comprobar durante la Operación Covid, tal es su utilidad. A lo largo del próximo capítulo de esta serie seguiremos la pista de peste porcina africana (PPA) y de la gripe aviar (H5N1) por los laboratorios de medio mundo hasta llegar a nuestro país, y analizaremos la particular habilidad que el nuevo enemigo zoonótico tiene de manifestarse oportunamente allí donde existe una fricción geopolítica que resolver, o una revolución de colores que provocar.

Sobre el autor

Carlos Sánchez es músico, docente y analista político. Cursó su formación musical superior en la disciplina del jazz en Holanda, en los conservatorios de Groningen y Den Haag, completando su formación como productor e ingeniero de audio en la Middlesex University/SAE Institute de Londres. Formado también en el ámbito jurídico, obtuvo el Grado en Derecho en UNED (España). Durante casi una década ha combinado su actividad docente y musical con su faceta de comunicador, escribiendo artículos sobre su pasión, la geopolítica, de manera frecuente en Diario 16, y presentando Grupo de Control, un espacio semanal de entrevistas dedicado al periodismo de investigación.