El verdadero consentimiento informado debe ser voluntario y libre de coacción, engaño o manipulación informativa. Sin una divulgación y comprensión completas, el consentimiento se convierte en mera conformidad, negando el principio de autonomía y transformando la medicina en una forma de control tecnocrático.
Hace apenas unos meses se cumplieron cuatro largos años de aquel día gélido en Washington, D.C., cuando el movimiento por la libertad médica sorprendió a la entrometida y untuosa administración Biden con la primera gran manifestación política en la capital desde los infames sucesos postelectorales del 6 de enero de 2021. Sin embargo, lo que me resulta más sorprendente, no es que lo lográramos prácticamente sin disturbios —a pesar de los rumores de la asistencia de diversas fuerzas subversivas y los esfuerzos concertados de varios agentes del caos—, sino que los problemas fundamentales sigan sin resolverse cuatro años después.
La Academia Estadounidense de Pediatría y la Alianza para la Salud de la Costa Oeste continúan abogando por la vacunación obligatoria contra la COVID-19 para niños a partir de los 6 meses de edad. En Hawái, el gobernador Dr. Josh Green y sus aliados acaban de presentar un proyecto de ley en la legislatura para derogar el actual proceso de exención de vacunación infantil hawaiana, convirtiendo el cumplimiento de los mandatos de vacunación impuestos por el estado para los niños en una política estatal sin posibilidad de exención.
Poco después de la manifestación en Washington D.C. contra las imposiciones, el Washington Post me tachó de mentiroso (en repetidas ocasiones, por escrito) por afirmar que los productos de ARNm no funcionaban como debían, es decir, que no prevenían la infección ni la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, esto se ha convertido en una verdad universalmente reconocida. Supongo que la difamación intencionada y reiterada no resistió el paso del tiempo.
Basta decir que no espero una disculpa. ¡Menuda fiabilidad la de la supuesta sabiduría y perspicacia de los “expertos”! Uno podría pensar que un poco de introspección sería apropiada, tal vez un mínimo de vergüenza y una pizca de humildad. Pero eso no disuade a esos mismos “expertos” médicos, con sus altas credenciales, de insistir en imponer el calendario de vacunación más agresivo del mundo para nuestros hijos. Confían en la vacuna, y nosotros también debemos hacerlo.
Pero, ¿qué tienen que decir los gremios médicos sobre las imposiciones y el consentimiento informado?
En su Código de Ética Médica, la Asociación Médica Estadounidense (AMA) declara:
“El consentimiento informado en el tratamiento médico es fundamental tanto desde el punto de vista ético como legal. Los pacientes tienen derecho a recibir información y a hacer preguntas sobre los tratamientos recomendados para poder tomar decisiones bien fundamentadas sobre su atención. Una comunicación eficaz en la relación médico-paciente fomenta la confianza y apoya la toma de decisiones compartida”.
Asociación Médica Estadounidense. Código de Ética Médica: “Consentimiento Informado”. 2025.
Fundamental tanto desde el punto de vista ético como legal. Sin embargo, al parecer existe una excepción tácita en lo que respecta a la obligatoriedad de las vacunas.
“La práctica eficaz y ética de la salud pública depende de las condiciones sociales y culturales que respeten la autonomía personal, la autodeterminación, la privacidad y la ausencia de dominación en sus diversas formas interpersonales e institucionales.”
Asociación Estadounidense de Salud Pública. Código de Ética de la Salud Pública. 2019.
La expresión “ausencia de dominación en sus diversas formas interpersonales e institucionales” resulta interesante y pertinente. Si la imposición estatal de la vacunación obligatoria no constituye una forma de dominación institucional, desconozco qué lo es.
La bioética es el estudio y la aplicación de los principios morales en la medicina y las ciencias de la vida, fundamentados en cuatro pilares centrales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entre estos, el consentimiento informado se erige como la piedra angular de la práctica ética, ya que operacionaliza el respeto a la autonomía: el derecho del individuo a la autodeterminación. El consentimiento informado exige que los pacientes reciban información completa y transparente sobre el propósito, los beneficios, los riesgos y las alternativas de cualquier intervención propuesta, incluyendo la opción de rechazar el tratamiento.
El verdadero consentimiento debe ser voluntario y libre de coacción, engaño o manipulación informativa. Sin una divulgación y comprensión completas, el consentimiento se convierte en mera conformidad, negando el principio de autonomía y transformando la medicina en una forma de control tecnocrático. Por lo tanto, la bioética moderna exige una transparencia radical, garantizando que las personas tengan la capacidad de tomar decisiones conscientes e informadas sobre sus propios cuerpos y su salud, lo que constituye una salvaguarda contra el abuso institucional y la ocultación poco ética de riesgos.
Los mandatos de vacunación entran en conflicto fundamental con los principios básicos de la bioética moderna —autonomía, consentimiento informado, beneficencia y no maleficencia— porque priorizan los objetivos de salud pública impuestos por el Estado sobre el derecho individual a la autodeterminación corporal. La doctrina del consentimiento informado, establecida tras el Código de Núremberg y reafirmada en la Declaración de Helsinki, exige que todas las intervenciones médicas sean voluntarias, basadas en la divulgación completa de beneficios, riesgos y alternativas, y libres de coacción o presión indebida.
Los mandatos, por su propia naturaleza, emplean mecanismos coercitivos, como la pérdida del empleo, la educación o la participación social, para obligar al cumplimiento, erosionando así el consentimiento informado. Además, al aplicar políticas uniformes a una compleja diversidad biológica y genética, los mandatos ignoran los perfiles de riesgo individuales, la inmunidad previa y la posible susceptibilidad a efectos adversos.
Esto socava tanto la beneficencia (actuar en el mejor interés del paciente) como la no maleficencia (evitar el daño), ya que el Estado sustituye el juicio médico individualizado por promedios poblacionales. Una política de salud pública éticamente sólida debería defender la proporcionalidad, equilibrando el beneficio comunitario con los derechos individuales, pero los mandatos invierten esta jerarquía, subordinando la conciencia individual a la autoridad institucional. Al hacerlo, representan no un progreso, sino una regresión: un retorno a la medicina paternalista, donde cada cuerpo humano es tratado como un recipiente de los intereses y la propiedad del Estado, en lugar de como un ser humano soberano.
La historia de los mandatos de vacunación se remonta a más de dos siglos, y surgió de la tensión entre las autoridades de salud pública y la autonomía individual. El primer requisito formal de vacunación surgió a principios del siglo XIX, tras la vacuna contra la viruela de Edward Jenner (1796). La "Ley de Vacunación de Inglaterra de 1853 hizo obligatoria la vacunación contra la viruela para los bebés, lo que provocó una fuerte oposición y dio origen al movimiento contra la vacunación obligatoria, una de las primeras luchas por las libertades civiles. En Estados Unidos, los mandatos comenzaron a implementarse a nivel local y estatal a finales del siglo XIX, principalmente para el control de la viruela.
El histórico caso Jacobson contra Massachusetts, resuelto por la Corte Suprema en 1905, confirmó el derecho de los estados a imponer la vacunación en virtud del “poder de policía” para proteger la salud pública, estableciendo el precedente legal que aún sustenta los mandatos actuales. A lo largo del siglo XX, la vacunación obligatoria se extendió a las leyes de ingreso escolar, especialmente tras el éxito de las vacunas contra la poliomielitis y el sarampión; para la década de 1980, casi todos los estados exigían múltiples inmunizaciones para los niños. Sin embargo, el auge de la influencia farmacéutica, la ampliación de los calendarios de vacunación y la creciente evidencia de reacciones adversas reavivaron los debates éticos en torno a la autonomía corporal y el consentimiento informado. La era de la COVID-19 marcó el uso más generalizado de mandatos en la historia moderna, a menudo impuestos mediante restricciones laborales y de viaje, lo que reavivó cuestiones fundamentales sobre la libertad, la transparencia científica y los límites del poder estatal en materia de salud personal.
Los argumentos científicos en contra de la vacunación obligatoria se centran en el reconocimiento de que las respuestas inmunitarias, los riesgos de enfermedad y la susceptibilidad a los efectos adversos varían ampliamente entre individuos, lo que hace que las políticas coercitivas generalizadas sean biológicamente infundadas. Décadas de investigación inmunológica demuestran que los polimorfismos genéticos, el historial de infecciones previas, la variabilidad del microbioma y la madurez del sistema inmunitario influyen en la eficacia y la seguridad de las vacunas; por lo tanto, las imposiciones uniformes ignoran la variabilidad humana fundamental. Los indicadores a nivel poblacional, como los “umbrales de inmunidad colectiva”, simplifican en exceso la compleja dinámica de transmisión y no tienen en cuenta la inmunidad adquirida naturalmente, que, según numerosos estudios, puede conferir una protección amplia y duradera, a menudo superior a la conferida por la inmunidad inducida por la vacuna.
Las imposiciones también distorsionan la investigación científica al suprimir el debate abierto y desalentar la evaluación crítica de la seguridad; cuando la vacunación es obligatoria, disminuye el incentivo para medir rigurosamente los efectos a largo plazo o inespecíficos, como los resultados autoinmunes o neuroinflamatorios, ya que el cumplimiento sustituye a la evidencia como pilar fundamental de la política. Además, la integridad científica exige falsabilidad y replicación independiente; sin embargo, los marcos actuales dependen en gran medida de estudios patrocinados por fabricantes y se niegan a divulgar los datos completos de los ensayos para su análisis. Al imponer una única intervención médica como condición para participar en la sociedad, las imposiciones sustituyen la medicina adaptativa y basada en la evidencia por un dogma político estático, un enfoque fundamentalmente incompatible con el verdadero progreso científico.
No es ético. Se basa en una lógica anticuada. Carece de rigor científico. Es un claro abuso de poder autoritario. Así que, por favor, recuérdenme, ¿por qué se siguen tolerando las imposiciones de vacunación?
Sobre el autor
El Dr. Robert Malone es un científico y médico de renombre internacional, autor de bestsellers como PsyWar: Enforcing the New World Order (2024) o Lies My Gov’t Told Me: And the Better Future Coming (2023). Es, además, especialista en ética, comentarista político y figura pública destacada. En este sentido, ha participado en numerosos programas de radio, podcasts y documentales.
Otra cosa más. La vacunación probablemente sea el mayor fraude de la historia de la medicina alopática. Existen numerosos estudios, datos empíricos, gráficas, etc. que no solo discrepan del relato oficial sino que lo refutan. El dato más determinante probablemente sea la teoría de la causa de las enfermedades infecciosas en donde se ha impuesto la que no está demostrada científicamente, la teoría microbiana (Pasteur); mientras que la que sí lo está, la teoría celular (Béchamp) ha sido enterrada. No menos importante es recordar que las vacunas están íntimamente ligadas al miedo, esto es, si no te vacunas no solo coges la enfermedad sino que te puedes morir, además de contagiar a los demás. Si a ello añadimos que la (corrupta) industria farmacéutica tiene como principal finalidad el lucro, que sus ensayos clínicos son Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como y que tiene abducida a la medicina alopática, no hay mucho más que añadir. A pesar de todo ello, libertad de vacunación
Se puede decir más alto, pero no más claro. La pregunta se antoja obvia: por qué hay países en los que la vacunación es obligatoria. Aunque en España no lo es, las coacciones para vacunar son enormes hasta tal punto que en algunas guarderías si el niño no está vacunado no le admiten y si acudes a los tribunales estos se ponen del lado de la guardería. En este sentido, conviene recordar que la coacción es un delito tipificado en el código penal y que durante la "plandemia" fue de libro
Por lo demás, el consentimiento informado suena muy bonito, pero no tiene ningún sentido si al mismo tiempo se obliga a vacunar. Asimismo, está por ver qué información te proporciona el médico de turno porque si te informara con rigor de las numerosas reacciones adversas de los medicamentos en general y de las vacunas en particular no se vacunaba ni dios. Además de que está por ver si las conoce