Huelga general

¿Hacía falta una huelga general? Más bien habrían hecho falta unas cuantas, pero los grandes sindicatos que forman parte del régimen han perdido la autoridad moral necesaria para liderarlas

El 14 de diciembre de 1988 se produjo la huelga más general de la historia de la Segunda Restauración borbónica. Todo, absolutamente todo, quedó paralizado. En todo el Estado, de los 11,7 millones de ocupados, la secundaron 10,7 millones, según los datos oficiales; es decir, un 85 %. En la mayoría de los casos, no se respetaron los servicios mínimos. Quien les escribe, que entonces tenía 23 años, vivió aquel acontecimiento como observador (no hice huelga, porque por aquel entonces formaba parte del 35 % de desempleo juvenil de aquel año), y quedé profundamente impresionado por aquel ambiente de paralización total, con sabor a acontecimiento histórico. En una manifestación en el centro de Barcelona, que congregó a unas 200.000 personas, todo el mundo, ante la paralización absoluta del transporte público, llegó a pie, recorriendo a veces muchos kilómetros por la ciudad. Había en ello cierto carácter litúrgico, propio de la conciencia de estar participando en un momento trascendental. Más de treinta años después, con cierta trayectoria ya como historiador, me encargaron dedicarle un capítulo para la colección Episodios del Movimiento Obrero de los Países Catalanes (Edicions de 1979). En él tuve que transformar mi experiencia testimonial en un ensayo sobre aquella huelga que, como expresaba el título propuesto, había sido un gran éxito (una gran movilización) que había fracasado (había sido incapaz de influir en la agenda política).

Pensando en la huelga de hoy, he vuelto a releer aquel texto y, al mismo tiempo, a hacer cierta introspección, en un ejercicio a medio camino entre la historia y la memoria colectiva. Y el resultado ha sido un tanto descorazonador. La huelga de 1988, uno de los momentos más esenciales del régimen actual y, por ello, uno de los más deliberadamente olvidados, tenía unos motivos que conectan demasiado con los de la que está teniendo lugar este 2026, treinta y ocho años después de la alternancia entre dos caras de una misma monarquía posfranquista.

No me veo capaz de resumir en un párrafo las más de veinte páginas que ocupaba mi capítulo. Baste recordar que el arrollador triunfo del PSOE en 1982, con el lema «Por el cambio», que presidió aquella lejana campaña electoral de Felipe González, venía impregnado de una agenda política oculta que, poco después, arrasaría millones de vidas y sembraría las malas hierbas que hoy asfixian a la sociedad española. Aquel Gobierno socialista no tardó ni seis meses en desregular la contratación temporal. Antes de dos años, la temporalidad laboral se había extendido sin límites. En 1988, el 23,3 % del total de ocupados tenía contratos temporales, mientras que la tasa de desempleo total se situaba en el 20 % (y en el 35 % entre los jóvenes). Ese mismo año, el 93 % de los contratos firmados eran temporales. Todo ello no dejaba de ser consecuencia de la llamada «reconversión industrial» (en realidad, la destrucción de la industria pesada, que devastó regiones enteras como Galicia, Valencia, Asturias y buena parte del País Vasco), que se convirtió en condición necesaria para ser admitidos en la Comunidad Europea, como sucedió en 1986.

Como consecuencia de ello, por poner un ejemplo práctico, mientras que en 1976 la edad media a la que los jóvenes accedían por primera vez al mercado laboral era de 18,1 años, en 1986 esa edad se había retrasado hasta los 23,7. En ese mismo periodo, la edad media de cotización a la Seguridad Social había descendido de los 47,3 a los 38,3 años. No solo se retrasaba el acceso al primer empleo (con las consiguientes repercusiones económicas y en la formación de una familia), sino que la hecatombe de la desindustrialización provocó despidos masivos, jubilaciones anticipadas y la destrucción de biografías y comunidades enteras. En España, Felipe González hizo lo mismo que Thatcher, Reagan o Pinochet, eso sí, desde la izquierda y el «progresismo». Y, como huevo de la serpiente, el ministro Boyer desreguló en 1985 el mercado del alquiler, desmantelando toda protección pública a los inquilinos y obligando a muchas familias a convertirse en propietarias contra su voluntad, porque los contratos indefinidos pasaron a ser temporales.

Había, por tanto, razones muy poderosas para convocar una huelga general contra un Gobierno que había demostrado encarnar un «neoliberalismo de rostro cínico», tal como tradicionalmente ha representado el PSOE, siempre blindado por la vía de la experiencia histórica traumática que suponen los vínculos de la derecha española con la dictadura franquista. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las reformas laborales y de desregulación inmobiliaria las llevó a cabo un partido que, desde el mismo momento en que su fundador, Pablo Iglesias (el del siglo XIX), concurrió a las elecciones del régimen de la Primera Restauración, siempre ha tenido vocación de hacer el trabajo sucio de las fuerzas oscuras del borbonismo.

Desde mi perspectiva de historiador, la huelga general del 11 de noviembre me parece lamentable. Los motivos oficiales para convocarla (revertir la pérdida de poder adquisitivo, el problema de la vivienda, la precariedad y la insuficiencia financiera de los servicios públicos) son, más que justos, de una legitimidad incontestable. Los motivos extraoficiales (provocar una movilización pública para influir en los resultados de unas elecciones cuyas previsiones son desfavorables) me parecen un ejercicio de cinismo difícil de defender. ¿Habría que haber convocado una huelga general? Sí, sin duda; sin embargo, llega demasiado tarde. Probablemente habría que haberla convocado al día siguiente del nombramiento de Sánchez como presidente del Gobierno, hace ya más de ocho años. Motivos no faltan. Efectivamente, tenemos un problema muy grave de salarios bajos, precios elevados, servicios públicos en declive y un mercado de la vivienda diseñado para torturar a las clases medias y trabajadoras. Podríamos añadir una corrupción estructural cuyos efectos no son solo disolventes desde una perspectiva económica, sino también moral.

Si Sánchez se hubiera revelado como un personaje comprometido con determinados valores progresistas, quizá debería haber hecho como Franklin D. Roosevelt, quien, al comienzo de su primer mandato (hacia 1933), mantuvo una reunión con dirigentes sindicales que le presentaron una propuesta de medidas que constituirían el embrión del New Deal. Roosevelt les respondió: «Estoy de acuerdo con vosotros; ahora obligadme a hacerlo», alentando así la movilización social como respaldo en la calle a una ambiciosa agenda social y económica.

Sin embargo, resulta evidente que Sánchez no es Roosevelt, porque el madrileño tiene como principal ambición su supervivencia política. Volvamos a 1988, esta vez con una mayor experiencia histórica del régimen. Ya sabemos que PP y VOX representan el neoliberalismo de rostro inhumano, con discursos económicos que podrían suscribir Milei o el marqués de Sade. Sánchez, por desgracia, sigue representando el neoliberalismo de rostro cínico. En los ocho años que lleva gobernando (y durante la primera legislatura, con apoyos más sólidos que en la actual), no ha rectificado la mayoría de las reformas laborales, ni las del PP ni las del PSOE (incluso con una ministra como Susana Díaz). Tampoco ha hecho absolutamente nada respecto al mercado de la vivienda, salvo invalidar una interesante normativa catalana.

Sí, ha subido el salario mínimo. Sin embargo, los salarios medios y medianos siguen estancados y perdiendo poder adquisitivo, especialmente si tenemos en cuenta cómo los precios de la vivienda y de los alimentos multiplican la distancia respecto a unos incrementos salariales que se alejan cada vez más de la línea que marca la frontera de una existencia digna.

Y, peor aún, de acuerdo con una patronal que aplaude con las orejas, ha puesto todas las facilidades para permitir la entrada de inmigrantes sin permisos de trabajo o residencia, a quienes se recompensa por su situación de ilegalidad con un irresponsable proceso de regularización, incluso en contra de la opinión de Bruselas. Y todo ello con los efectos que produce en la saturación de los servicios públicos o en la desestabilización de un mercado de la vivienda completamente desbordado por las matemáticas. Resulta bastante absurdo que esto suceda en un país con tasas de desempleo que siempre se sitúan por encima de la media europea. Aunque, si analizamos la tendencia a tolerar la economía sumergida (en torno al 24 % del PIB) y tenemos en cuenta que el resultado de la reconversión industrial de los años ochenta se ha traducido en una economía frágil, de baja productividad, sustentada en el trabajo intensivo, barato y precario, en la explotación de los trabajadores y en el desvío del dinero hacia actividades especulativas como la vivienda o hacia negocios de dinero fácil como el turismo, el panorama resulta bastante coherente.

¿Hacía falta una huelga general? Más bien habrían hecho falta unas cuantas, y mucho antes de llegar a la situación actual. Sin embargo, los grandes sindicatos que forman parte del régimen han perdido buena parte de la autoridad moral necesaria para liderarla. Lo mismo cabe decir de una izquierda que cambió el mono de trabajo por los jóvenes titulados de las facultades de Sociología y Ciencias Políticas, que han abandonado a los trabajadores y han sustituido la clase social por un elenco de supuestos oprimidos cuyos personajes bien podrían salir de las películas de Almodóvar.

Una izquierda que utiliza las lecturas sesgadas del Marx más banal, del Gramsci más intelectual o de las alucinaciones pervertidas de Foucault para dejar a los obreros a la intemperie. González fue lo bastante hábil como para, una vez superado el arrebato de 1988, reconducir a su ala izquierda y devolver a CCOO y UGT al redil de la monarquía. Porque, paradójicamente, el sindicalismo más exitoso de estas décadas no ha sido el de clase, sino el de los profesionales: los sindicatos sanitarios, educativos, ferroviarios o cualesquiera otros que, de un modo u otro, han sobrevivido a los intentos de captura por parte de los partidos políticos.

A la señora Maricarmen, cuyo espectro estará entre los manifestantes del miércoles, la mató Boyer, el arquitecto del desbarajuste inmobiliario hispánico, avalado por un socialismo hipócrita y cruel. Sin embargo, una movilización cuyo objetivo sea intentar garantizar la permanencia en el Gobierno de un partido que ha perpetrado las peores medidas contra una clase trabajadora abandonada a su suerte no parece la decisión más inteligente ni la más pragmática.

La huelga debería servir, fundamentalmente, para reflexionar sobre cómo cambiar las reglas del juego en el mundo sindical y laboral, con el fin de recuperar aquella vieja idea de la década de 1970: la autonomía obrera, la autonomía de una clase mayoritaria —trabajadores y clases medias— para emanciparse de un régimen que sigue siendo la continuidad del franquismo por otros medios.

Sin embargo, dudo que eso ocurra. Tenemos ya suficiente experiencia histórica para llegar a la trágica conclusión de que España es irreformable (y de que cualquier reforma implica más dolor, más desigualdad y más absurdos). Por eso, la verdadera ruptura, mediante la creación de unas nuevas reglas del juego, solo es posible a través de la independencia. Porque únicamente un acto de semejante radicalidad nos ofrece alguna oportunidad de intentar ponernos de acuerdo entre capital y trabajo para reconstruir nuestro país desde la lógica de la justicia social, mediante un reparto justo de los beneficios, la prosperidad y las responsabilidades.

(Revista Mirall)

Sobre el autor

Xavier Diez (Barcelona, 1965), Historiador, escritor y articulista en diversos medios. Doctor en historia, ha sido también profesor, y publicado diversos libros de ensayo y narrativa. Entre sus últimos libros destacan Una historia critica de les esquerres (El Jonc), L’escola: espai en destrucció (El Martell), El anarquismo individualista en España (1923-1938) (Virus editorial) y El pensament polític de Salvador Seguí (Virus editorial). Colabora cada lunes como tertuliano en Debates intempestivos, el espacio semanal sobre actualidad en formato podcast de Brownstone España.