No llevaban tanques. Tampoco uniformes, armas sofisticadas ni drones de última generación. Llegaron en bañador, descalzos, con chanclas y hasta con flotadores. Algunos rodearon a nado el espigón del Tarajal; otros avanzaron por la playa o atravesaron los puntos donde la frontera había dejado de ser una frontera.
La imagen es un esperpento nacional, pero detrás hay una tragedia enorme. El balance oficial se eleva ya a 67 muertos, víctimas de ahogamientos y avalanchas. Estamos hablando de seres humanos, no de piezas de un tablero. Precisamente por eso resulta todavía más intolerable que miles de jóvenes puedan ser utilizados como instrumento de presión y que sus vidas acaben sirviendo para esconder una sucesión de errores políticos.
Las chanclas y los flotadores han mostrado al mundo algo lo que hay: una frontera exterior de la Unión Europea que quedó desbordada en apenas unas horas. Ceuta, una ciudad de unos 84.000 habitantes, recibió una entrada equivalente a cerca del 70% de su población.
Después, más de 48.000 personas regresaron a Marruecos, según los datos facilitados por Interior. Vaya usted a saber cómo los contabilizaron y de qué manera se organizaron los muchachos para entrar y para salir. Porque eso no sucede de manera espontánea y si es cierto lo que ha dicho el Gobierno español, eso de las mafias, me pregunto por qué ha sido posible algo semejante. La frontera de una potencia europea ha sido rebasada por chavales que, en muchos casos, no llevaban encima más que la ropa mojada y por las imágenes que hemos visto, no parecen preocuparle a Marruecos lo más mínimo.
Y el Gobierno español no lo vio venir. O eso pretenden hacernos creer. Porque los que no gobernábamos sabíamos que esto iba a pasar, de una manera o de otra. Es cierto que yo lo de las chanclas, los bañadores, hasta el tipo con bicicleta, no lo vi venir.
Fuentes del propio Ejecutivo han admitido que carecían de información sobre la magnitud de lo que se preparaba. Será que no han querido escuchar las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las de los expertos (los de verdad) en geopolítica. O sí les han escuchado, pero han preferido activar el mantra de los bulos, la fachosfera y el hodio. La explicación ofrecida resulta casi tan preocupante como los hechos: los incendios que asolaban distintas zonas de España habían concentrado la atención de La Moncloa y del Ministerio del Interior. No deja de ser interesante que España arda de una manera sincronizada, se actúe de manera cuestionable (y muy cuestionada), y se utilice semejante desgracia (evitable) para no ver que nos invaden en chanclas.
Pero Ceuta llevaba semanas enviando señales.
Entre el 29 de junio y el 12 de julio se registraron alrededor de 500 intentos de entrada. Entre el 13 y el 26 de julio, la cifra ascendió a unos 1.300. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había advertido del aumento de la presión. La Guardia Civil elaboraba informes sobre el incremento de las llegadas a nado. Desde principios de 2026 se apreciaba ya un crecimiento importante de las entradas, incluidas las de menores no acompañados.
No fue un relámpago en un cielo completamente despejado. Hubo avisos y no se interpretaron con la gravedad necesaria. Porque hacerlo, es cosa de fachas según parece.
Las mafias, esa explicación para casi todo
Pedro Sánchez atribuyó la entrada masiva a una “lectura interesada” que las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos habrían realizado de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El presidente habló de una “violación de la integridad territorial de España”, pero evitó responsabilizar a Marruecos y agradeció expresamente la cooperación de Rabat.
Las mafias existen. Se lucran con la necesidad, difunden falsedades, organizan rutas, cobran por trayectos y exponen a miles de personas a morir en el mar. Negar su papel sería tan irresponsable como convertirlas en una explicación universal que permite evitar cualquier responsabilidad política. A lo mejor va siendo hora de que todos conozcamos cómo operan estas mafias, y por qué no se invierte en eliminarlas. Por qué nuestros guardianes carecen de medios para hacer su trabajo y se juegan la vida (de manera evitable). Por qué no se explica a las claras que Europa, esa que se da golpes en el pecho, mira hacia otro lado ante lo que sucede en una de sus fronteras más sensibles.
Hasta ahora no se ha hecho pública una investigación que demuestre que una organización criminal coordinara por sí sola el movimiento de cerca de 60.000 personas en apenas unas horas. Las informaciones disponibles señalan una combinación de rumores en redes sociales, mensajes falsos sobre la legislación española, frustración económica y social en Marruecos y una percepción generalizada de que la vigilancia fronteriza había desaparecido o se había relajado.
Las mafias pueden difundir el rumor. Pueden aprovecharlo y cobrar por él. Lo que difícilmente pueden hacer sin que nadie lo advierta es conseguir que decenas de miles de personas se concentren ante una frontera internacional, atraviesen carreteras y localidades marroquíes y alcancen el perímetro de Ceuta mientras las fuerzas de seguridad del país vecino permanecen pasivas. El Gobierno de España, por lo menos hasta este momento, no le ha pedido explicaciones al de Marruecos al respecto. Y sería de esperar que hicieran su trabajo.
Echar toda la culpa a las mafias permite al Gobierno formular una condena solemne sin tener que responder a las preguntas incómodas: qué información manejaba Interior, qué sabía Marruecos, por qué no se reforzó antes la frontera, qué ocurrió al otro lado y cómo pudo producirse una concentración humana de semejante dimensión sin que nada ni nadie lo pudiera abordar a tiempo. Le recuerdo, querido lector, que han muerto decenas de personas.
También evita preguntar por qué España sigue dependiendo de que Rabat decida cada mañana cuánta frontera está dispuesto a vigilar.
La sentencia del Supremo no abrió el mar
La segunda explicación del Gobierno apunta al Tribunal Supremo. Y aquí el intento de trasladar responsabilidades resulta todavía más absurdo. Reconozco que esta tampoco la vi venir, como lo de las chanclas. El 8 de julio, el Supremo confirmó que la figura del “rechazo en frontera”, conocida popularmente como devolución en caliente, no puede aplicarse a las personas que pretenden entrar a nado en Ceuta o Melilla.
El tribunal se limitó a interpretar la legislación aprobada por el poder político. La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería permite rechazar a quienes sean detectados intentando superar los “elementos de contención fronterizos” para entrar irregularmente en Ceuta o Melilla. El Supremo concluyó que una persona que llega por mar no está saltando una valla ni superando ese tipo de elemento físico. Por tanto, no cabe aplicarle ese mecanismo excepcional. Ahora voy entendiendo mejor lo de las chanclas.
La sentencia no proclamó que quienes llegan a nado tengan derecho a permanecer en España. Tampoco prohibió todas las devoluciones. Lo que impide es la entrega inmediata y automática, sin identificación ni procedimiento individual, utilizando una figura legal que el legislador diseñó para otro supuesto.
Las personas que entran por mar pueden ser objeto de los procedimientos ordinarios de devolución previstos en la Ley de Extranjería, con identificación, asistencia letrada, examen de posibles solicitudes de asilo, protección de menores y respeto al principio de no devolución cuando exista riesgo de persecución o malos tratos. Papeleo, burocracia y una pérdida enorme de tiempo y recursos porque, como usted y yo hemos visto, en esos bañadores no cabían pasaportes, ni carteras, ni documento alguno para la identificación de los mozos. A ver cómo devuelves a alguien que no se sabe quién es (y que, desde luego no te lo va a poner fácil para que lo averigües). Tampoco vas a tenerlo fácil para saber si son menores o no, y así pasa. Los menores no acompañados que parecen cualquier cosa menos menores. Y acompañados, desde luego que vienen, esta vez de miles y miles de colegas.
El Supremo no hizo política migratoria. Aplicó la ley. Y es lamentable que el Gobierno se sorprenda porque se aplique una ley que ha podido modificar si hubiera querido.
Si el Gobierno considera que la legislación contiene un vacío, su obligación es acudir al Parlamento, proponer una reforma compatible con la Constitución, el Derecho europeo y los tratados internacionales y asumir el coste político de defenderla. Culpar al tribunal por interpretar una norma redactada y mantenida por los sucesivos gobiernos equivale a culpar al árbitro porque el reglamento no permite el gol que uno quería marcar.
La reacción anunciada por Sánchez resume perfectamente la improvisación. El Gobierno pretende instalar una línea de boyas de unos 500 metros en el Tarajal para crear una “barrera de contención física” que permita encajar jurídicamente las entradas a nado en el concepto utilizado por la ley.
Es difícil imaginar una representación más gráfica de la política migratoria española: después de que 60.000 personas atraviesen la frontera y 67 mueran en el intento, se decide poner unas boyas para intentar convertir administrativamente el mar en una valla. No me digan que no es creativo el asunto (y vergonzoso).
Una frontera marítima no se protege mediante un truco semántico dirigido a sortear una sentencia. Se protege con vigilancia, medios marítimos, cooperación internacional fiable, inteligencia, protocolos de actuación y capacidad para tramitar rápidamente cada situación con todas las garantías. La valla cochambrosa rodeable en chanclas es un chiste de mal gusto.
Una política migratoria hecha de anuncios y parches
La política migratoria española lleva años moviéndose entre dos extremos: grandes declaraciones humanitarias y una dependencia creciente de terceros países a los que se paga o se compensa para que contengan las salidas.
España ha externalizado buena parte del control de su frontera sur. La estabilidad de Ceuta, Melilla y Canarias depende en gran medida de la colaboración de Marruecos, Mauritania y otros países de origen o tránsito. Esa cooperación puede ser necesaria, pero se convierte en una debilidad estratégica cuando el Estado renuncia a disponer de un plan propio para el día en que el socio deja de colaborar. Algo tan básico como proteger tu propia casa no debería resultar muy complicado de entender. Y ya que estamos, si los otros quieren establecer lazos que sean beneficiosos, que demuestren su buena voluntad establecido medidas de contención. Le recuerdo, querido lector, que estamos hablando de inmigración ilegal. Punto. O cumplimos o no cumplimos. Porque vivimos, nosotros, en un Estado de Derecho, y esto se sostiene si nos lo creemos de verdad.
La crisis de mayo de 2021 ya mostró el riesgo. Entonces entraron en Ceuta alrededor de 10.000 personas en dos días, en plena tensión diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La respuesta fue aprobar en diciembre de aquel año una Estrategia de Seguridad Nacional que anunciaba un plan integral para Ceuta y Melilla.
Cinco años después, ese plan integral continúa pendiente.
Ése es uno de los datos más graves de la crisis. El Gobierno sabía desde 2021 que Ceuta y Melilla necesitaban una planificación especial por su localización, su condición de frontera europea y su exposición a las tensiones con Marruecos. Lo escribió en un documento oficial. Después dejó pasar cinco años sin terminar de desarrollar el instrumento anunciado.
El problema no consiste únicamente en cuántas personas llegan. Consiste en la falta de previsión, en los centros de acogida que se saturan, en la insuficiencia de personal para identificar y tramitar los expedientes, en la situación de los menores, en la lentitud de los procedimientos de asilo y devolución y en la ausencia de un sistema europeo estable de reparto de responsabilidades.
A ello se suma una política de comunicación profundamente irresponsable.
España aprobó en 2026 una regularización extraordinaria para extranjeros que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero de ese año y que pudieran acreditar al menos cinco meses de permanencia. El plazo de presentación de solicitudes terminó el 30 de junio. Por tanto, quienes han entrado ahora en Ceuta no pueden acogerse a esa regularización.
Afirmar que los recién llegados obtendrán papeles mediante aquel proceso es falso.
Pero el hecho de que no exista una relación jurídica directa no significa que el Gobierno pueda ignorar el posible efecto político y comunicativo de sus decisiones. Las normas migratorias no circulan por África acompañadas de una explicación del BOE. Circulan convertidas en vídeos, mensajes de WhatsApp, publicaciones en TikTok y promesas de intermediarios que simplifican, manipulan o directamente mienten.
El Gobierno sostuvo que no podía existir efecto llamada porque había una fecha de corte y unos requisitos claros. Esa respuesta puede ser jurídicamente correcta y, al mismo tiempo, políticamente insuficiente. Una cosa es quién tiene realmente derecho a regularizarse y otra muy distinta qué creen miles de personas que sucederá si consiguen llegar a España.
La responsabilidad de un Gobierno no termina al redactar correctamente una disposición. También debe prever cómo será interpretada, combatir activamente la desinformación en los países de origen y evitar mensajes contradictorios entre la regularización, el control fronterizo y las devoluciones. ¿Ha visto usted alguna campaña inteligente en esta materia por parte del Gobierno, que habría podido lanzar mensajes claros, en distintos idiomas y especialmente, dirigidos a aquellos que pretenden venir masivamente jugándose la vida y cometiendo hechos ilegales?
España necesita vías legales de entrada para trabajar, mecanismos eficaces de protección internacional y una política de integración digna para quienes obtengan residencia. Pero también necesita dejar claro que una entrada irregular no garantiza la permanencia, que las solicitudes se resolverán conforme a la ley y que quienes no tengan derecho a protección podrán ser devueltos mediante procedimientos legales y rápidos.
Humanidad y control no son conceptos incompatibles. Una política migratoria seria necesita ambos.
Europa descubre que la frontera era española
Mientras Ceuta pedía auxilio, algunos socios europeos se apresuraron a protegerse de España.
Italia anunció controles temporales sobre las llegadas procedentes de nuestro país y presentó la medida como una defensa de su seguridad nacional. Francia reforzó también la vigilancia fronteriza. Desde Suecia y Finlandia se cuestionó la capacidad española para proteger el perímetro europeo.
La Comisión Europea tuvo que recordar que Ceuta y Melilla tienen un régimen especial y que quienes entran irregularmente en estas ciudades no adquieren automáticamente libertad de circulación por el espacio Schengen. Tampoco existe un procedimiento para que otro Estado decida unilateralmente “expulsar” a España de Schengen. Hablaron por boca de ganso: la italiana, y los que la siguieron. Aunque yo esto me lo tomo como algo positivo: ya sabemos que no hay nadie con luces al volante.
Pero el dato jurídico importaba poco. Había llegado el momento de empujar a España mientras intentaba levantarse.
Italia, país que lleva años reclamando solidaridad europea ante las llegadas por el Mediterráneo, decidió aplicar su propia concepción de la solidaridad: cuando el problema afecta a Lampedusa, la migración es una cuestión europea; cuando estalla en Ceuta, se convierte súbitamente en una negligencia exclusivamente española.
España tiene motivos para denunciar esa actitud. También debe preguntarse por qué ha ofrecido al mundo una imagen tan rotunda de descontrol.
Los aliados y la soberanía española
Donald Trump utilizó lo ocurrido para presentar la situación española como una “catástrofe” y una “invasión”. La vinculó a las políticas migratorias de Pedro Sánchez y la convirtió en munición para la política interna estadounidense, asegurando que algo todavía peor sucedería en Estados Unidos si los demócratas recuperaran el poder. Hace unos días nos amenazó, se lo recuerdo.
Sin embargo, el movimiento más inquietante procedente de Washington se había producido meses antes.
En abril de 2026, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes incluyó en un informe presupuestario un párrafo que destinaba a Marruecos al menos 20 millones de dólares mediante programas de inversión en seguridad nacional y otros 20 millones a través del programa de financiación militar extranjera.
El mismo documento recordaba la alianza entre Estados Unidos y Marruecos, formalizada en 1786, y afirmaba que las ciudades “administradas por España” de Ceuta y Melilla se encuentran “en territorio marroquí”. Añadía que continúan siendo objeto de una reclamación histórica de Rabat y respaldaba que el secretario de Estado promoviera un diálogo entre Marruecos y España sobre su futuro estatus.
Conviene precisar su alcance. No es una ley que reconozca la soberanía marroquí ni una declaración vinculante de la Administración estadounidense. Es un informe de un comité de la Cámara de Representantes. Pero tampoco es una opinión particular publicada en una red social. Forma parte de la documentación oficial del Congreso y demuestra hasta dónde ha penetrado la narrativa marroquí en Washington. El informe oficial puede consultarse aquí. Léalo de nuevo y tómese un ratito para asimilarlo.
La españolidad de Ceuta y Melilla no puede tratarse como una cuestión pendiente de mediación. Son ciudades españolas integradas en nuestro orden constitucional y en la Unión Europea. No aparecen en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.
Desde Israel llegó otra muestra de hostilidad. Danny Danon, embajador israelí ante la ONU, acusó a España de hipocresía, afirmó que había declarado el estado de emergencia en Ceuta (lo cual era falso) y cuestionó que mantuviera lo que presentó como enclaves coloniales en África.
La representación israelí en Madrid aclaró posteriormente que esas palabras no expresaban la posición oficial del Estado de Israel. El matiz debe constar. Pero también debe señalarse que un embajador israelí ante Naciones Unidas decidió emplear el relato marroquí sobre Ceuta y Melilla como arma contra España. Los mensajes en redes sociales de diferentes miembros del gobierno de Israel también van por esa línea.
No existe ninguna prueba que permita afirmar que Estados Unidos o Israel organizaron la entrada masiva. Algunas voces dentro de la propia coalición de Gobierno han difundido esa hipótesis, pero las coincidencias políticas no constituyen una prueba.
Lo que sí puede documentarse es que ambos países mantienen una estrecha alianza con Marruecos; que Estados Unidos reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental; y que representantes estadounidenses e israelíes han aprovechado la debilidad española para acercarse, con distintos grados y matices, al relato territorial de Rabat.
El Sáhara que España abandonó
En 2022, Pedro Sánchez modificó la posición histórica española y calificó el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la propuesta “más seria, realista y creíble”. Un error histórico y garrafal imperdonable.
El giro se produjo sin un debate parlamentario previo suficiente, deterioró gravemente las relaciones con Argelia y debilitó la posición del pueblo saharaui. España entregó a Marruecos uno de sus grandes objetivos diplomáticos esperando inaugurar una etapa de estabilidad, cooperación migratoria y respeto de Ceuta y Melilla.
La estabilidad comprada mediante concesiones unilaterales ha demostrado ser precaria. Nada nuevo bajo el sol porque negociar con Marruecos es, simple y llanamente, eso.
El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de una solución definitiva en el marco de Naciones Unidas. Su evolución internacional ha favorecido claramente a Marruecos durante los últimos años, especialmente después del reconocimiento estadounidense y del respaldo creciente a la propuesta de autonomía. Pero el conflicto no puede darse por resuelto ignorando a los saharauis y su derecho a participar en la determinación de su futuro. Más allá de cuestiones políticas, la realidad del pueblo saharaui es inaceptable desde una visión meramente humanitaria. Y han sido españoles. Es lamentable cómo se les ha abandonado a su suerte. El abandono del gobierno parece ser algo habitual por lo que estamos viviendo.
Taleb Alisalem lo explicó en Horizonte: quizá haya llegado el momento de que España vuelva a mirar al pueblo saharaui. No como una represalia impulsiva contra Rabat, sino como una recuperación del equilibrio diplomático, de la responsabilidad histórica y del margen de actuación que España perdió al situarse unilateralmente del lado marroquí.
Apoyar al Sáhara significa defender una solución conforme al Derecho Internacional, reconstruir la relación con Argelia y recordar a Marruecos que España también dispone de intereses, aliados y capacidad diplomática propia. Pero sobre todo, es que los saharauis son nuestros hermanos y les hemos traicionado ya demasiadas veces.
El problema no eran las chanclas
Ceuta deja imágenes difíciles de olvidar: los vecinos encerrados en sus casas, las fuerzas de seguridad desbordadas, los cuerpos recuperados del mar, los jóvenes empapados recorriendo la ciudad y los flotadores avanzando hacia una frontera que Bruselas proclama europea pero que, cuando llega la crisis, parece convertirse únicamente en española.
La respuesta no consiste en deshumanizar a quienes cruzan. Tampoco en reducir todo a una gran conspiración sin pruebas. Consiste en impedir que seres humanos sean utilizados como proyectiles geopolíticos y que la incompetencia política se esconda detrás de las mafias, los jueces o los rumores de internet.
España necesita fronteras protegidas, cooperación europea real, inteligencia, diplomacia, procedimientos de devolución eficaces y garantistas, vías legales de migración y una política exterior que no dependa de que Marruecos decida comportarse como un buen vecino.
Necesita también un Gobierno capaz de asumir sus responsabilidades. El Tribunal Supremo no retiró a la Guardia Civil de la frontera. No decidió recortar en aquellos planes especiales para mejorar nuestra protección. Las mafias no dejaron pendiente durante cinco años el plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. Los jueces no ignoraron los avisos ni diseñaron una política migratoria basada en la improvisación. Y los muchachos que llegaron a nado no son responsables de que España hubiera confiado su seguridad a la buena voluntad de Rabat.
Si una frontera nacional puede ser ninguneada por miles de jóvenes en bañador, descalzos y con flotadores, el problema no está en las chanclas. El problema está en el Estado que permitió que el mundo descubriera que detrás de la valla había mucho menos de lo que parecía.
Sobre la autora
Bea Talegón es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de Alcalá de Henares. Cursó, además, estudios de Economía del Desarrollo en la Universidad de Pekín, China, por la London School of Economics. Es profesora de lenguaje musical y pianista. Ha trabajado como asesora en el Parlamento Europeo, fue Secretaria General de la IUSY, y asesora en Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla La Mancha. Es miembro fundadora de Brownstone España. Actualmente es colaboradora habitual de Horizonte y ha participado durante más de una década como analista en medios tales como Las Mañanas de Cuatro, FAQS, La Sexta Noche, Horizonte, entre otras) y en prensa escrita (Diario16plus, El Plural, El Nacional, El Obrero, Las Repúblicas, The Objective, Público, Eldiario.es, entre otros). Ejerce como periodista ciudadana y tiene un canal propio: beatalegon.tv. Su último libro publicado es Con la libertad no se juega (Grijalbo, 2026).
Capitalismo en esteroides. Sigue al capital, a quienes lo poseen y especulan con él.