Si la pandemia fue el punto de inflexión que nos introdujo a los ciudadanos occidentales en una nueva cultura de censura extensiva y un panorama mediático dominante que marcha al unísono con los gobiernos, informando de los hechos según se ajustan a su narrativa predeterminada, lo que ha ocurrido desde entonces es la consolidación y perfeccionamiento de estas herramientas.
Aunque la pandemia ha desaparecido de los titulares, la narrativa de la crisis y la moralización de todo no lo han hecho. La narrativa general que ha dominado el discurso público desde entonces es que estamos librando la batalla de nuestras vidas contra los llamados enemigos de la democracia. Es la historia de una batalla entre los buenos —los que no cuestionan los dogmas y el consenso de la élite sobre las cuestiones más controvertidas, como la inmigración, el cambio climático, los confinamientos, la ideología de género, Ucrania o Gaza— y los malos del otro bando, los que se atreven a cuestionar o a discrepar fundamentalmente de los dogmas.
Esta narrativa implica que ya no debatimos quién tiene los mejores argumentos. En cambio, quienes no están de acuerdo son automáticamente considerados malvados y sus motivos se presentan como obviamente malos.
Esta batalla se dirige explícitamente, en la mayoría de los casos, contra los partidos populistas nacionales que han ganado fuerza recientemente, así como contra sus votantes y simpatizantes. Pero esto no es en absoluto exclusivo. Si te encuentras en el lado equivocado de cualquiera de las cuestiones mencionadas, corres el riesgo de convertirte en blanco de graves difamaciones. En la Alemania actual, por ejemplo, cualquiera que exprese demasiado apoyo al pueblo de Gaza corre el riesgo de ser tachado de antisemita y excluido inmediatamente de la sociedad educada.
No me cabe duda de que muchos políticos, periodistas y otras figuras públicas creen firmemente en el discurso que promueven. Esta convicción total de que existe un enemigo malvado, por muy difuso que sea, que se está haciendo más fuerte y que debe ser derrotado para salvar la democracia, en lugar de ser escuchado y debatido, les hace creer firmemente que cualquier medio para combatir al enemigo está justificado, ya sea la difamación pública, el ostracismo, la censura o incluso la persecución penal.
Lo más fascinante y aterrador es que todo esto se está haciendo en nombre de la «salvación de la democracia», cuando en realidad se trata de un programa paso a paso para desmantelar todos los elementos clave de lo que una vez conocimos como democracia occidental.
La invención de la desinformación y del discurso del odio
La forma en que se lleva a cabo esta «lucha por la democracia» es a través de la lucha contra lo que se ha dado en llamar «discurso del odio» y de la campaña para eliminar la «desinformación». En la práctica, ambos conceptos, aunque parecen problemas distintos, se utilizan indistintamente. En realidad, ambos significan que las ideas y las palabras que no gustan al establishment gobernante deben eliminarse del discurso público, lo que en su mayor parte, aunque no exclusivamente, significa eliminarlas de las plataformas digitales.
En su intervención en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en enero del 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la desinformación supone una amenaza mayor para la economía mundial que la guerra y el cambio climático. La solución, según von der Leyen, pasa por que las empresas y los gobiernos colaboren para combatir la desinformación.
En línea con el discurso de von der Leyen, los principales medios de comunicación advierten constantemente a su público sobre los peligros crecientes del discurso del odio y la desinformación, y sobre la necesidad de que los legisladores y las fuerzas del orden tomen medidas decisivas contra ellos. Los medios suelen ser bastante vagos sobre qué es exactamente lo que se dice que es tan peligroso, pero el hecho de que la gente común oiga constantemente hablar de estos conceptos y de lo malos que son probablemente hace que la gente sea más receptiva a tomar medidas enérgicas contra ellos.
La propia UE ya había dado un gran paso hacia la aplicación de su visión de la vigilancia del discurso en las principales plataformas digitales cuando entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA) en agosto de 2023. Utilizando un lenguaje vago y altamente burocrático, la DSA obliga a las empresas de plataformas a eliminar o reducir el impacto de lo que la UE considera «información nociva» o desinformación. Para ello, las empresas de plataformas deben colaborar con «investigadores acreditados» que hayan sido previamente aprobados por la UE.
El término «investigadores acreditados» se refiere a lo que se conoce más comúnmente como organizaciones de verificación de datos, que han adquirido una gran influencia en los últimos años. Aunque algunas personas siguen creyendo que las organizaciones de verificación de datos desempeñan un papel útil para mejorar el discurso público y reducir las mentiras y las noticias falsas, la realidad es que la mayoría de estas organizaciones empeoran la situación debido a sus perspectivas, a menudo muy sesgadas. Tras la apariencia de un periodismo neutral, estas organizaciones se comportan como activistas que ven la verificación de datos como una forma de luchar contra un enemigo político. Además, la idea de que podemos separar fácilmente las mentiras de los hechos es una ilusión, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro discurso público suele versar sobre cuestiones muy controvertidas que están lejos de estar zanjadas. El hecho de que una mayoría tenga una opinión no significa que sea cierta.
En el caso de estos investigadores seleccionados por la UE, que desempeñarán un papel importante en la auditoría de las empresas de plataformas, es previsible que su sesgo político sea muy favorable a los dogmas de los poderes políticos de la UE y que esto influya en lo que se considera perjudicial o desinformación.
Para comprender mejor el poder que ha adquirido la industria global de la verificación de datos y la lucha contra la desinformación, y cuáles son sus consecuencias, basta con examinar el caso del Índice Global de Desinformación (GDI), brillantemente investigado y publicado el año pasado por el medio de comunicación heterodoxo británico Unherd.
Fundada en 2018, esta empresa británica comenzó con la ambición de desbaratar el modelo de negocio de la desinformación en línea privando de financiación a las publicaciones infractoras. En un principio, definieron la desinformación como «contenido deliberadamente falso diseñado para engañar». Como se ha comentado anteriormente, esto es problemático en sí mismo, pero la organización ha ampliado desde entonces esta definición para incluir «cualquier cosa que utilice una «narrativa adversa», es decir, historias que pueden ser ciertas desde el punto de vista factual, pero que enfrentan a unas personas con otras atacando a un individuo, una institución o la «ciencia»», según informa Unherd.
El GDI es utilizado por anunciantes de todo el mundo. Las empresas de medios de comunicación que obtienen una puntuación baja en el índice tienen dificultades para atraer publicidad a sus sitios web. Esto es lo que le ha ocurrido a Unherd. Debido a que Unherd ha publicado a varios escritores de gran calidad que critican la narrativa dominante sobre la ideología trans, el GDI consideró que publicaba «narrativas anti-LGBTQI+» y, por lo tanto, difundía desinformación. Lo más interesante es que el GDI está financiado en parte por el Gobierno británico, la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y el Departamento de Estado estadounidense.
Este ejemplo ilustra las fuerzas y las dinámicas ocultas que actúan cada vez con más fuerza para mantener nuestro debate público dentro de unos parámetros ideológicos estrechos y castigar a cualquiera que intente romper el consenso aparente. Y, lo que es más importante, los gobiernos occidentales están desempeñando un papel activo al financiar estas actividades.
Los gobiernos occidentales también están intensificando sus esfuerzos directos para criminalizar lo que consideran discurso de odio o delitos de odio. En Escocia, recientemente ha entrado en vigor la nueva Ley de Delitos de Odio y Orden Público. El Gobierno irlandés tiene en proyecto su propia Ley contra el Discurso de Odio. El problema de todos estos esfuerzos es que, aunque pretenden castigar la intolerancia claramente definida, en realidad estas leyes no clarifican lo que constituye el odio, y la ley se convierte en una herramienta fácil contra cualquiera que no esté de acuerdo con el establishment gobernante.
Las estructuras contra los delitos de odio que se están creando en todo Occidente no son muy diferentes de lo que hacía con sus ciudadanos el antiguo Ministerio de Seguridad del Estado de la Alemania Oriental, conocido comúnmente como la Stasi. En todas partes, el Estado, la policía y sus ONG aliadas están elaborando listas de personas que han dicho cosas supuestamente antifeministas, racistas, anti-LGBTI+, etc. Hasta ahora, solo algunas de las personas que figuran en estas listas han sufrido consecuencias reales, pero el mero hecho de que se permita la existencia de estas listas debería ser motivo de gran preocupación.
Las leyes de autodeterminación de género en España y Alemania (muy similares entre sí) permiten a los niños cambiar su género oficial a partir de los 14 años y, si lo desean, una vez al año. También incluyen una cláusula que ilegaliza revelar o investigar el marcador de género anterior y los nombres de pila anteriores. Dado que estas leyes son muy controvertidas y cuentan con la oposición de amplios sectores de nuestra sociedad, las sanciones draconianas que establecen resultan especialmente problemáticas. De hecho, estas leyes deciden quién es mujer y quién es hombre, y cualquiera que cuestione esta definición puede ser procesado y multado con severidad.
En Alemania, un club de fútbol de la Bundesliga fue multado en el 2024 con 18 000 euros porque unos aficionados habían colocado una pancarta en la que se leía «Hay muchos estilos de música, pero solo dos sexos». Obviamente, esto se debió a que la pancarta se consideró ofensiva para las personas trans.
Muchas cosas pueden resultar ofensivas para algunas personas, pero cuantas más palabras e ideas se prohíban expresar en público, más totalitaria se vuelve la atmósfera de nuestra sociedad. Y, en cualquier caso, el odio, suponiendo que sea real, que está prohibido, no desaparece, sino que pasa a la clandestinidad, donde es mucho más difícil combatirlo.
Salvar la democracia de la amenaza de la extrema derecha
La mayoría de estas dinámicas son muy similares en todo Occidente, pero la idea histérica de que estamos en la lucha de nuestras vidas para salvar la democracia de la amenaza de la extrema derecha alcanzó nuevas cotas en Alemania entre enero y febrero del 2024.
Aunque sigo creyendo que es positivo que mi generación de alemanes haya recibido una educación exhaustiva sobre los horrores de nuestro propio pasado y sobre cómo garantizar que nunca vuelva a ocurrir algo así, esta sensibilidad y conciencia de nosotros mismos también tiene un lado negativo: que vemos con demasiada facilidad los fantasmas de un nuevo régimen nazi. También significa que podemos ser fácilmente manipulados para pensar que los nazis están a punto de volver al poder.
El 13 de febrero del 2024, la ministra del Interior alemana, Sra. Faeser, y la ministra de Familia, Sra. Paus, ofrecieron una rueda de prensa notable. No daba crédito a mis oídos. La Sra. Faeser comenzó diciendo que la democracia estaba en peligro debido a las actividades de los círculos de extrema derecha y que, por lo tanto, había que reforzar las medidas contra el extremismo de derecha.
A continuación, ambas sugirieron que no bastaba con recurrir al derecho penal para perseguir a los extremistas y que «el odio en Internet también se da por debajo del umbral penal». La Sra. Paus afirmó: «Muchos enemigos de la democracia saben exactamente lo que significa la libertad de expresión». Y la Sra. Faeser añadió: «Quienes se burlan del Estado deben enfrentarse a un Estado fuerte». Lo que ambas sugerían era nada menos que el Estado pudiera, a partir de ahora, tomar medidas completamente arbitrarias contra los disidentes. Y si tomáramos al pie de la letra las palabras de la Sra. Faeser, cualquier cómico o satírico que se burlara del Gobierno podría esperar ahora represalias por parte del Estado.
Pero, como lo expresa sucintamente el autor y periodista alemán Ijoma Mangold,
el Estado no es una comunidad de creencias compartidas; su monopolio del uso de la fuerza se justifica por un único propósito: garantizar la libertad de sus ciudadanos. Y esta libertad del ciudadano siempre incluye la libertad frente al propio Estado. Por eso los derechos civiles son derechos de defensa frente al Estado: esta idea fundamental, que se remonta a los inicios de la sociedad civil, se ha olvidado hoy en día.
Esta rueda de prensa fue precedida por un mes de movilización muy orquestada y exitosa de amplios sectores de la población alemana contra lo que percibían como un ataque de la derecha a la democracia.
Una reunión celebrada en noviembre de 2023, en la que participaron unas 20 personas de orientación derechista, entre ellas algunas consideradas extremistas de derecha, fue presentada como una reunión secreta y conspirativa para planear la deportación de millones de personas de origen inmigrante. En enero, una organización de investigación periodística llamada Correctiv, que también se dedica a la verificación de datos, publicó un informe de investigación sobre la reunión y lo vinculó hábilmente a la Conferencia de Wannsee, en la que en 1942 los nazis planearon los detalles de la llamada «solución final de la cuestión judía», la deportación masiva de judíos y, en última instancia, el genocidio de los judíos por parte de los alemanes, a pesar de que la reunión no tenía nada que ver con esa terrible conferencia, salvo el hecho de que ambas reuniones tuvieron lugar en lugares geográficamente no muy distantes entre sí.
El día de la publicación, la respuesta de los medios de comunicación fue masiva, y todos hicieron hincapié en el vínculo con las deportaciones masivas nazis y la Conferencia de Wannsee; una semana después, milagrosamente, ya se estaba representando en Berlín una obra de teatro sobre la investigación; y dos semanas más tarde, millones de alemanes se manifestaron después de que el Gobierno y varias ONG convocaran manifestaciones contra la amenaza de la extrema derecha. El canciller Scholz declaró: «Quiero dejar claro que los extremistas de derecha están atacando nuestra democracia. Quieren destruir nuestra cohesión social».
Solo se conoce parcialmente lo que se discutió en la reunión. Los participantes niegan las acusaciones de que alguien sugiriera la deportación forzosa de personas con pasaporte alemán. Pero, aunque el debate en esta reunión privada pudo tener un tono desagradable, no fue una reunión de la AfD, no fue secreta y, al parecer, no se discutió ningún plan maestro para la deportación masiva. La importancia de la reunión parece muy exagerada, y el momento en que Correctiv ha publicado la noticia parece orquestado. La organización es conocida por sus buenas conexiones en los círculos gubernamentales y recibe una gran cantidad de fondos estatales, por lo que resulta sospechoso que la publicación se haya producido seis semanas después de la reunión, lo que convenientemente ayuda a distraer a la opinión pública de una profunda crisis gubernamental.
En enero, el descontento con el Gobierno de izquierda alemán por los altos costes energéticos, las políticas mal concebidas contra el cambio climático y los altos niveles de inmigración ilegal había alcanzado nuevas cotas. La derecha populista AfD se benefició de este descontento y alcanzó un 23 % sin precedentes en algunas encuestas. Las protestas de los agricultores, apoyadas por la mayoría de la población, también habían alcanzado su punto álgido, lo que supuso una presión adicional para el Gobierno.
Toda esta histeria era también hipócrita, ya que el propio Scholz había pedido deportaciones masivas después de que Hamás atacara Israel aquel 7 de octubre y muchas personas de origen árabe en Alemania salieran a las calles para mostrar su apoyo a Hamás. En aquel momento, Scholz dijo en una entrevista: «Debemos deportar finalmente a gran escala».
Pero la idea de que cualquier medio es válido para luchar contra el enemigo político no es exclusiva de Alemania. En abril del 2024, el alcalde de Bruselas intentó por todos los medios cancelar la gran conferencia sobre conservadurismo nacional (NatCon) en Bruselas, alegando que no podía garantizar la seguridad frente a las protestas de la izquierda. En realidad, es más probable que considerara una amenaza para la reputación de Bruselas que se celebrara con éxito en su ciudad una conferencia genuinamente conservadora.
Bajo la presión del alcalde, varios locales cancelaron sus contratos con los organizadores. En el último momento, la discoteca Claridge de Bruselas aceptó acoger la conferencia. A continuación se ofrece una muestra de lo que ocurrió a continuación:
Los secuaces del alcalde amenazaron repetidamente al propietario tunecino-belga del Claridge, Lassaad Ben Yaghlane, para obligarle a cancelar la conferencia. Le retiraron el coche, amenazaron a su familia y le dijeron que le quitarían la licencia del local para arruinarle el negocio. Obligaron a la empresa que proporcionaba la seguridad de la conferencia a cancelar su contrato. Hicieron lo mismo con las empresas que proporcionaban servicios de catering, como vajilla o comida. Amenazaron con cortar la electricidad del local.
En una decisión de última hora, tomada a altas horas de la noche, un tribunal falló en contra del alcalde y la segunda jornada de la conferencia se celebró según lo previsto.
No se trataba de una conferencia de extremistas de ultraderecha, como la describieron los principales medios de comunicación. Era una conferencia de conservadores que debatían cuestiones como el déficit democrático en la UE o el problema de la inmigración no regulada en Europa. Creer que no se debe permitir que se celebre una reunión de este tipo para proteger la UE y la democracia liberal es, en última instancia, una creencia totalmente antidemocrática y, diría yo, totalitaria.
Pero la nueva norma de negar el derecho a expresarse a quienes no comparten nuestras ideas no solo afecta a los conservadores y a la derecha. El Congreso de Palestina, previsto también para abril del 2024 en Berlín, era una reunión de alto nivel de activistas, políticos e intelectuales de izquierda. Fue cancelado por la policía, supuestamente para evitar amenazas de «declaraciones antisemitas y que glorifican la violencia». Anteriormente, el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis había sido oficialmente vetado para hablar en la conferencia y ahora tiene prohibida la entrada al país.
Todos estos fenómenos nos muestran elementos de un orden cada vez más antiliberal de censura y control del pensamiento, en el que se busca suprimir toda oposición a la opinión política dominante.
Está claro que todos estos esfuerzos no resolverán ninguno de los problemas reales que llevan a la gente a rebelarse contra el establishment actual. Solo servirán para polarizar aún más la sociedad y aumentar las posibilidades de que la versión más extrema de la derecha acabe imponiéndose.
¿Por qué está sucediendo esto?
De hecho, no creo que muchos de los líderes políticos y sociales responsables de todas estas actividades sean siquiera remotamente conscientes de lo iliberales y antidemocráticos que se han vuelto sus actos, ni de cómo lo que están haciendo está sentando las bases de un régimen totalitario.
El iliberalismo no surge necesariamente de malas intenciones y motivos perversos. Puede surgir de forma insidiosa a partir de tendencias de nuestra cultura política que mucha gente no comprende, o solo comprende a medias. En el mundo occidental, parece que hemos perdido el aprecio por la verdadera pluralidad.
La hiper-novedad de Internet
El análisis de por qué está sucediendo todo esto ahora no puede separarse del hecho de que fue ayer cuando toda la humanidad comenzó a conectarse a través de Internet, las redes sociales y los teléfonos inteligentes. Antes de la era de Internet, teníamos la era de la radiodifusión, en la que las élites controlaban la narrativa, pero permitía más pluralidad que el panorama mediático actual. En parte debido a los modelos de suscripción en línea y los muros de pago, la mayoría de los medios de comunicación en línea comenzaron a ser capturados por su audiencia y su información se volvió mucho más sesgada.
Es más, los algoritmos de las redes sociales no fomentan el pluralismo ni promueven las ideas y opiniones más sensatas, sino aquellas que atraen más atención e indignación. Los algoritmos también refuerzan nuestras propias opiniones ideológicas, lo que con el tiempo conduce a opiniones más extremas y a burbujas de filtro epistémico.
Todo ello ha dado lugar a una verdadera crisis de sentido que debería preocuparnos. Incluso para las personas que son plenamente conscientes de todas estas dinámicas, se ha vuelto mucho más difícil discernir qué es verdad que hace, por ejemplo, veinte años.
También es cierto que la gente suele comportarse mal en el mundo online y decir cosas que quizá no diría a la persona real que tiene delante, sobre todo si las cuentas son anónimas, pero incluso si no lo son, las redes sociales fomentan el comportamiento agresivo.
Nada de esto justifica que los periodistas y los medios de comunicación den prioridad a la narrativa y solo se preocupen por la verdad si esta se ajusta a ella, pero sí explica por qué está sucediendo. Pocos tienen el valor de rebelarse contra las fuerzas, la mayoría se adapta a la nueva dinámica, aunque solo sea para evitar perder su trabajo y sus ingresos.
Controlar a la clase trabajadora despreciada
Aunque Internet no es el mundo utópico de libre flujo de información con el que soñaban los primeros pioneros de la red, es evidente que ha cambiado la dinámica del poder y ha democratizado la ecología de la información. Las clases trabajadoras se han beneficiado, al menos hasta ahora, de la oportunidad de participar, al menos en cierta medida, en este nuevo panorama informativo.
Por ejemplo, Trump no habría ganado las elecciones presidenciales de 2016 si no hubiera tenido más de 11 millones de seguidores en Twitter (en aquel momento). Twitter le permitió comunicarse directamente con sus seguidores sin filtros. El filtro que las emisoras tradicionales interponen entre los políticos y su público habría hecho mucho más difícil, o quizás imposible, que ganara sin Twitter.
Como describe el escritor y académico estadounidense Michael Lind en su libro The New Class War, desde la década de 1970, las clases trabajadoras de todo Occidente habían perdido su influencia en la política y la cultura. El descontento de la clase trabajadora con una élite liberal-progresista urbana cada vez más poderosa fue la energía que impulsó el éxito del populismo nacional, o lo que muchos denominan la extrema derecha, en los últimos años.
Un número cada vez mayor de ciudadanos de a pie considera que muchos de los acontecimientos políticos de los últimos años no han redundado en su beneficio y que la mayor parte de lo que se debate en público no tiene nada que ver con la realidad de su vida cotidiana. Se sienten económicamente abandonados y culturalmente menospreciados por una nueva élite que pretende imponer su ideología progresista a todo el mundo a través de las instituciones que controla.
Todo el programa de leyes contra el discurso del odio y la desinformación, y la censura en general, es en gran medida una respuesta a la rebelión de la clase trabajadora de derecha de los últimos años, que amenaza cada vez más el poder del establishment liberal-progresista.
Las élites urbanas viven ahora vidas distantes y operan en un universo diferente al de la mayoría de la gente común. Las élites consideran vulgares y desagradables las manifestaciones abiertas de patriotismo nacional de la gente común, y sus opiniones religiosas son vistas con sospecha y desprecio.
Las élites no confían en las personas a las que gobiernan. Se sienten moralmente superiores, por lo que pueden justificarse a sí mismas que no tienen que tener en cuenta los intereses y opiniones de la gente común. Como argumenta el filósofo estadounidense Matthew Crawford:
La idea del bien común ha dado paso a una división de los ciudadanos según una jerarquía moral. La clase dirigente ha descubierto que goza del mandato del cielo, y con ello vienen ciertos permisos, ciertas exenciones del escrúpulo democrático. La estructura de permisos se construye en torno a la política del agravio. En pocas palabras: si la nación es fundamentalmente racista, sexista y homófoba, no le debo nada. Más aún, la conciencia me exige que la repudie.
Cuanto más difícil es para los gobiernos y las élites en general controlar a la clase trabajadora a través de los medios tradicionales, como la radiodifusión pública en Europa, más recurren a la censura burda en las plataformas de redes sociales y a campañas bien orquestadas, como se vio en Alemania con Correctiv.
Otra razón por la que está surgiendo ahora este iliberalismo es que a los gobiernos les resulta mucho más barato y fácil controlar a las masas en nuestra era digital que en la era analógica anterior. El Gobierno chino ha perfeccionado el control digital de su población. La forma en que los gobiernos occidentales y las instituciones de élite controlan cada vez más el discurso se parece cada vez más a la forma china, como también lamenta el artista disidente chino Ai Weiwei, que irónicamente buscó refugio del autoritarismo chino en Europa hace años.
Segurismo
La pandemia de Covid no solo ha demostrado lo rápido que nuestros gobiernos occidentales pueden volverse autoritarios, sino que también ha puesto de manifiesto que gran parte de las sociedades occidentales valoran ahora más su seguridad que sus libertades civiles. Por supuesto, esta no ha sido la primera señal de una nueva cultura de la seguridad en Occidente. Los espacios seguros en los campus universitarios fueron una señal de advertencia hace años. Toda una generación ha crecido con la idea de que el discurso puede ser violencia, en lugar de distinguir claramente entre la violencia física real y, por ejemplo, las palabras desagradables.
En 2018, en su influyente libro The Coddling of the American Mind, Jonathan Haidt y Greg Lukianoff escribieron que la cultura del «segurismo» y la crianza segura están creando niños frágiles. Sostienen que la generación actual de jóvenes (la generación Z) ha crecido sin la oportunidad de jugar sin supervisión y sin estructura, lo que les ha impedido aprender aspectos fundamentales del desarrollo infantil, como lidiar con niveles moderados de riesgo y miedo a través de juegos como esconderse, explorar y trepar a los árboles.
En el libro, Haidt y Lukianoff sostienen que negar a los niños la libertad de explorar por sí mismos les priva de importantes oportunidades de aprendizaje que les ayudan a desarrollar una serie de habilidades sociales fundamentales para convivir con otros en una sociedad libre.
Una sociedad que debilita la capacidad de los niños para aprender estas habilidades les niega lo que necesitan para facilitar la interacción social. El endurecimiento de la interacción social que se producirá creará un mundo con más conflictos y violencia, en el que el primer instinto de las personas será recurrir cada vez más a la coacción de otras partes para resolver problemas que deberían ser capaces de resolver por sí mismas. (Steven Horwitz, citado en The Coddling of the American Mind)
No es casualidad, pues, que durante la pandemia fueran los zoomers (la generación Z) los más propensos a pedir confinamientos y mascarillas, y los que se sienten más inseguros por el exceso de discurso de odio en las redes sociales.
El autor conservador N.S. Lyons sostiene que incluso Estados Unidos, la sociedad mejor protegida contra los ataques a la libertad de expresión por su Primera Enmienda, no es en última instancia inmune al hecho de que un segmento cada vez mayor de las sociedades occidentales «valora ahora la seguridad por encima de la libertad y el control vertical por encima del autogobierno». Sostiene que esta nueva constitución intrínseca, «el espíritu que gobierna al pueblo estadounidense», acabará prevaleciendo sobre la constitución escrita. Ya estamos viendo este cambio en la forma en que varios jueces del Tribunal Supremo parecieron interpretar la Primera Enmienda en la vista del histórico caso de censura Murthy contra Missouri, sobre si el Gobierno federal puede confabularse con las empresas de redes sociales para suprimir sistemáticamente las comunicaciones de sus ciudadanos.
Formación de masas
Por último, pero no por ello menos importante, nos encontramos en medio de una epidemia de soledad en Occidente, relacionada con el fuerte descenso de la natalidad y la formación de familias, y agravada por el hecho de que ahora pasamos la mayor parte de nuestro tiempo frente a pantallas en lugar de con personas reales.
Además, la afiliación cristiana está cayendo en picado en todo Occidente y el vacío dejado por la religión ha provocado una crisis de sentido.
Mattias Desmet, psicólogo clínico, sostiene que la crisis de sentido y el aislamiento social aumentan la tasa de depresión en la sociedad y conducen a lo que él denomina «ansiedad flotante». Cree que estas condiciones hacen a las personas susceptibles a la manipulación por parte de la propaganda y conducen a la formación de masas: cuando las personas encuentran colectivamente una causa que da un nuevo sentido a sus vidas, pasan del aislamiento social a una conexión social masiva, sintiendo que están librando una guerra contra la causa de su ansiedad colectiva.
Las personas que se sienten insatisfechas con su estilo de vida individualista desarrollan inevitablemente un anhelo de orientación y comunidad, y de una válvula de escape para la agresividad acumulada.
En tal situación, un anuncio mediático contundente de una emergencia puede tener un efecto sorprendente, incluso revolucionario. Cuando se dice a la población de manera autoritaria que se ha materializado una amenaza general y que para superarla se requiere una acción decisiva y, sobre todo, colectiva, muchos se sienten existencialmente aliviados y se comprometen con gratitud, plena y completamente, con la dirección indicada.
Desmet sostiene que esto es exactamente lo que ocurrió durante la pandemia y por qué la propaganda contra los llamados «no vacunados» pudo ser tan eficaz. Estos patrones parecen repetirse ahora que se supone que debemos salvar nuestra democracia de la amenaza de la extrema derecha.
Desmet describe dinámicas y patrones muy similares a los descritos por Hannah Arendt en su influyente libro Los orígenes del totalitarismo. La ironía (potencialmente trágica) de esta historia es que muchos de los académicos e investigadores que han estudiado a Hannah Arendt y los acontecimientos que condujeron a los sistemas totalitarios en el pasado parecen haber pasado por alto la importante lección de que los regímenes totalitarios pueden surgir de diferentes ideologías: en lugar de buscar similitudes superficiales, deberíamos buscar patrones que indiquen tendencias totalitarias, como los que ha explorado Desmet.
Sobre el autor
Micha Narberhaus es economista, ensayista e investigador sobre soluciones y estrategias a problemas sociales y medioambientales complejos. Ha estado muy vinculado a España desde su juventud. Fundó el laboratorio de innovación social Protopia Lab para crear mejores conversaciones en nuestras sociedades polarizadas sobre las causas de nuestra crisis cultural y como salir de ella. Es autor de la publicación de substack The Protopia Conversations.
Magnífico. Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, Micha. Tu análisis me parece clarividente! Un abrazo